La noticia ha sacudido a las empresas, tanto a sus altos directivos como a sus trabajadores: desde esta semana, es obligatorio llevar un control horario demostrable de la jornada laboral de cada empleado, al objeto de limitar las horas extras encubiertas y el abuso patronal que resulta costumbre en algunos sectores, sobre todo en aquellos en los que la posición del trabajador es más débil, y su estatus laboral, más precario. Algunos han tachado la medida del Gobierno socialista -que aplica en España una norma comunitaria- de electoralista. Sobre esto cabe decir que el electoralismo es una forma de competir políticamente, y no la menos responsable ni la más tramposa (recuerden que la corrupción que ha gangrenado al país se hacía de tapadillo, y no con promesa alguna). A fin de cuentas, el político se dirige a sus caladeros y lanza el cebo a cambio de sus votos: esto es lo que hay, y lo llaman democracia. Detrás de la medida también hay una voluntad recaudatoria: las horas extras bajo cuerda se pagan en negro; en el peor de los casos se hacen y no se pagan ni cobran. Pero en ambos casos, el fisco y la Seguridad Social no recaudan un céntimo extra por ellas. Esto parece sencillamente legal. El quid de esta cuestión -o un quid importante- es que negocios, empresas y actividades productivas las hay de todo color y condición, y a ese gato es difícil ponerle el collar del registro horario.

Vivimos en el país que vivimos, con la calidad institucional que nos adorna, sin duda mejorable, aunque entre los, digamos, treinta de mayor calidad del mundo. Hablamos de decencia o, visto del revés, de picaresca: de nivel ético colectivo. Por eso, es de temerse mucho que las empresas legales no tendrán ningún problema en seguir siéndolo. Y las tramposas, tampoco. Éstas buscarán, como el agua turbia, su salida. También hay intereses recíprocos: los despachos de abogados, consultores, etcétera de élite ya están haciendo firmar a sus profesionales el registro de toda la semana antes de comenzar a trabajar el lunes: no olvidemos que dichos profesionales -también los sufridos novatos- están ahí por su propio pie. Los pollos cambian de buen grado bajo salario y jornadas sin límite por formación y perspectivas. Nada que ver con un camarero con contrato de veinte horas semanales que hace sesenta. Puede que, de este golpe, afloren empresas que no pueden satisfacer esas horas extras: porque no son productivas ni competitivas… o porque su empresario es extractivo, o sea codicioso y mal empresario. Entre éstos están los que están afirmando que en los sueldos que pagaban hasta ahora "ya estaban" esas horas extras: casi que estaban haciendo un favor fiscal a sus trabajadores, y se sienten incluso -como dice el Código Civil, art. 1.104- unos "diligentes buenos padres de familia". También cabría hablar del buen nombre que el echahoras tiene en España: un canto a la improductividad e incluso al horror vacui de tantos y tantas ante la perspectiva de volver a su casa a media tarde. Horario, por cierto, habitual en los países desarrollados (los europeos).

Hay otras consideraciones menos traídas a colación en los análisis de estos días, y que trataremos aquí con mayor extensión próximamente. Se trata de ciertas consecuencias que para la crianza de los niños tiene el hecho no demasiado raro de que madre y padre trabajen a destajo: el riesgo de que los menores vayan desarrollando problemas emocionales. No todo se arregla con dinero y cuidadoras inmigrantes, clases extras, hiperactividad extraescolar, colegios caros, estancias veraniegas. Y no minusvaloremos el riesgo -normalísimo- de fracaso escolar de niños que ven poco o nada a sus padres… ¡si fracasan los bien atendidos! Hablamos de conciliación: una necesidad familiar, y una exigencia de una sociedad digna.