El 25 de septiembre de 2015 líderes de todo el mundo adoptaron un conjunto de objetivos globales que permitieran erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de las futuras generaciones. A este conjunto de 17 objetivos se les denominó Objetivos de Desarrollo Sostenible y tienen metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. De entre ellos, y habiéndose celebrado el pasado viernes el Dia Mundial del Agua, nos centraremos en el objetivo número 6: Agua limpia y Saneamiento. Actualmente 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento.

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial. Lo que viene a significar que debe asegurarse que éste sea suficiente, de calidad y asequible económicamente. En lo que se refiere a Andalucía y en relación a este último punto el "Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua" que fue pionero en 1991 dotando de un marco común a los servicios de abastecimiento, necesita una urgente actualización y puesta al día para adecuarse a la realidad del siglo XXI en aspectos técnicos, de disrupción digital y también para regular los mecanismos de control, participación, transparencia y recuperación de costes como indica la Directiva Marco del Agua.

No obstante y a falta de un marco normativo actualizado, el esfuerzo de las empresas gestoras de agua en Andalucía ha sido modélico en el aseguramiento del acceso al agua a personas vulnerables y en riesgo de exclusión social. Todas ellas e independientemente de su naturaleza de gestión pública, mixta o privada. Y ahora, cuando en el marco del debate político cortoplacista, se leen propuestas de "nacionalizar" el agua a partir de la justificación de casos de corrupción en algunas empresas públicas, se hace más necesario que nunca recordad el papel de liderazgo de la colaboración público-privada en la implantación de mecanismos de acción social en nuestro territorio.

De esta forma, cuando algunos operadores públicos vienen a señalarse como los únicos garantes de la protección de colectivos vulnerables o del aseguramiento del mínimo vital, deben recordarse, sólo a modo de ejemplo, el sistema de bonificaciones y tarifas sociales posiblemente más avanzado de cuantos cuenta Andalucía en Granada, donde se opera mediante un sistema de colaboración público privada y que data de 1997 o la creación del fondo social en Aguas de Huelva que data de 2014 que, tras sucesivas adaptaciones y evolución del modelo mediante un proceso de diálogo con Servicios Sociales del Ayuntamiento y otras entidades y colectivos sociales, se constituye en 2018 como una tarifa de garantía de mínimo vital.

Por todo ello y cuando hoy se debate en Sevilla los modelos de gestión de agua en Cádiz, Córdoba o Sevilla como los únicos referentes posibles, desde lo "publico", en un modelo centrado en el concepto de ciudadanía, deben recordarse el proyecto de economía circular de Granada que en 2021 será el primer referente de autosuficiencia energética del mundo en un entorno metropolitano de casi 500.000 habitantes o el modelo de Huelva capital de aseguramiento del mínimo vital y accesibilidad universal pionero en toda España, o el Plan de Innovación Social y Sostenible Ligada al Agua (Plan ISSLA) de San Fernando. Por citar solo 3 ejemplos donde la colaboración público-privada lidera desde hace años la estrategia de implantación de mecanismos de acción social en nuestra comunidad autónoma.

A partir de aquí se antoja fundamental avanzar de manera coordinada en el desarrollo normativo, autonómico y nacional, que asegure el control de las explotaciones desde la titularidad pública del bien, que aborde la gestión digital e inteligente de las masas de agua en alta estableciendo modelos eficientes y sostenibles con una visión integral de oferta y demanda y en definitiva incorporando reglas del juego claras para todos los operadores a través de indicadores objetivos de eficiencia, mecanismos de participación y transparencia y asegurando el suministro en términos de calidad y asequibilidad a las futuras generaciones ante un panorama de estrés hídrico estructural como el que se avecina en las próximas décadas.

Las propuestas indicadas en el párrafo anterior deben garantizar un modelo centrado en la ciudadanía y no la utilización dogmática de la titularidad del explotador como único elemento diferenciador entre lo socialmente responsable y lo que parece no serlo. Porque hablando de un bien público esencial, vital para el desarrollo humano, habitualmente sobra demagogia y falta rigor en los análisis.