Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el cuarto trimestre de 2019 ha sido bueno para el empleo, aunque el conjunto del año ha sido el peor desde el inicio de la recuperación. También se reduce la tasa de paro, que ya está en 13,8%, 12 puntos menos que en 2013, aunque también a un ritmo inferior al de los últimos años. En definitiva, un dato mejor de lo esperado para finalizar un año que, en su conjunto, es el peor en términos de crecimiento desde 2014 y que ha conseguido avivar, por si todavía no era suficiente, la confrontación entre gobierno y oposición.

Por un lado, porque proporciona los elementos que permiten a los contendientes persistir en sus litigios, sin necesidad de atender las razones del contrario. Por otro, por la estimulante vía de conexión que abre con otros elementos inflamables de la actualidad política, como son el salario mínimo interprofesional y las desigualdades territoriales.

El problema de fondo es que esta EPA ofrece resultados excesivamente dispares por comunidades autónomas. En general, bastante buenos para Madrid, Cataluña, Canarias y Andalucía, aunque con diferencias según se miren los datos del conjunto del año o del último trimestre, y bastante malos para Extremadura, Galicia, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha. El primero en reaccionar ha sido el presidente extremeño contra la subida del salario mínimo, ante la perspectiva de que el nuevo incremento hasta los 950 euros termine perjudicando todavía más al empleo en su comunidad.

Si la condición para contratar un trabajador es que el impacto sobre el valor de la producción, la productividad, sea mayor que sobre los costes, entonces los trabajadores menos productivos lo tendrán más difícil para encontrar empleo. Según esta regla, si ya es más difícil encontrar empleo en Extremadura, donde la productividad es un 12,1% inferior a la media, que en otras comunidades, cabe la posibilidad de que el problema se acentúe en el futuro inmediato, así como en Murcia y Andalucía, donde la productividad es inferior en un 16,2% y un 11,3%, respectivamente. En última instancia, el presidente extremeño viene a pedir prudencia para las medidas que se adoptan alegremente por su indiscutible impacto mediático, pero que, al ignorar los desequilibrios existentes, pueden agudizar la desigualdad al favorecer la concentración del empleo en los territorios de mayor productividad.

Hay otras implicaciones en el alegato de Fernández Vara. Por ejemplo, estos datos también ofrecen una perspectiva interesante para el análisis del despoblamiento rural. La otra cara de esa misma moneda, habitualmente ignorada por los analistas, es la creciente concentración de la población, la actividad económica y el empleo en grandes ciudades y litoral. Diez provincias concentran el 57,7% del PIB y el 55,9% del empleo, mientras que las diez del extremo contrario apenas acumulan el 4% de ambas magnitudes. Ajenos a ello, las autoridades de Madrid y Barcelona continúan desplegando, frente a la indiferencia del Gobierno, su desmedida ambición acumuladora en bochornosas disputas por asuntos como L'Ermitage, el Mobile World Congress o la capitalidad compartida.