Ya están cerradas la mayoría de las estadísticas referidas a 2020, pero todavía es difícil anticipar, pese al esfuerzo de los analistas, el perfil de la economía posCovid. La contabilidad nacional dice que el PIB cayó un 8,9% y el empleo, medido en trabajadores a tiempo completo, un 5,2%, pero la visibilidad sigue estando limitada por la incógnita de la reacción a la retirada de las ayudas a empresas y el final de los ERTEs (755.000 a finales del pasado año y 783.000 el mes pasado, según el ministro Escrivá).

El nuevo paquete de 11.000 millones para la supervivencia de empresas y autónomos es un buen indicador del reto que supone devolver a la economía a una normalidad comparable con la de hace un año. Se añaden a los 120.000 dirigidos, según el Gobierno, al medio millón de empresas asistidas (casi todas pymes y autónomos) en el millón de operaciones de crédito avaladas en un 80% por el ICO y en el 20% restante por la propia banca. Un año después, las tensiones de tesorería se han convertido en problemas de solvencia. La devolución será complicada y también controvertida, sobre todo desde que el Gbierno puso sobre la mesa la posibilidad de quitas (que no haya que devolver la totalidad del préstamo) y que los bancos asuman su participación en lo avalado (estimado en unos 1.300 millones de euros).

El retorno a la normalidad será difícil porque, según la consultora O.Wyman, el sobreendeudamiento en autónomos y empresas de menor tamaño es de 5.000 millones de euros y de hasta 7.000 en el resto que, según la banca, es cantidad asumible por el Gobierno con ayudas directas. Por su parte, según una simulación efectuada por Coface, la consultora internacional en evaluación de riesgos, en las cuatro grandes economías de la UE, las insolvencias deberían haber aumentado un 19% en España, un 6% en Francia y Alemania y en un 7% en Italia. Los datos reales dicen otra cosa. En el caso de España, el número de sociedades constituidas durante 2020 se ha reducido en cerca de 15.000 con respecto al año anterior, como cabía esperar, pero también se han disuelto 3.000 menos que en 2019. Igualmente, el de concursadas (692 menos que en 2019) o el de hipotecas ejecutadas (22.000 menos), por lo que resulta razonable admitir que existen tensiones que, gracias a la intervención de los gobiernos, todavía no han dado la cara y pueden ser consideradas "insolvencias ocultas".

Descontando las insolvencias realmente registradas de las estimadas por Coface, se obtiene una aproximación al volumen de insolvencias ocultas, que puede tomarse como indicador del número de empresas que tendrán dificultades para sobrevivir a la desconexión del respirador de las ayudas públicas. En el caso de España, se estiman unas 1.600, que serían un 34% más que las registradas, pero en Francia 22.500 (44% más) y 4.100 en Italia (39%), aunque en Alemania afectaría 3.950 (21%). La diferencia se explica por el efecto paliativo de las ayudas estatales, pero no tiene en cuenta el impacto depresivo de los ajustes necesarios para reconducir los desequilibrios financieros (déficit y deuda pública), especialmente en Italia y España, ni el de las ayudas europeas a la reconstrucción.