En torno al debate sobre bajar o subir impuestos existe un evidente trasfondo de conflicto de ideologías, pero también algo más. En concreto, dos modelos antagónicos de Administración Pública en los que se enfrentan los principios de eficiencia y equidad de forma aparentemente irreconciliables. Sin embargo, no debe ser para tanto porque el Gobierno de España ha impulsado iniciativas de los dos tipos en un corto periodo de tiempo.

Por un lado, tenemos la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante. El Gobierno podría haber bajado en esa misma cantidad los impuestos que gravan a las gasolinas y los gasóleos y su efecto para el consumidor habría sido muy parecido, aunque bastante diferente para el conjunto del país. Todos recordamos cómo se multiplicaron las dificultades de gestión durante los primeros días de implantación de la medida, tanto para el Gobierno como para las gasolineras. Estas tuvieron incluso que financiar, en algún caso, al propio Gobierno hasta que se consiguió desatascar el embrollo burocrático y los primeros pagos se hicieron efectivos. El efecto final es que, durante un corto periodo de tiempo, el consumidor ha podido adquirir el carburante a un precio algo más barato.

Por otro lado, el mismo gobierno decidió reducir el IVA sobre el consumo de energía eléctrica hasta el 5%. El efecto esperado es muy similar al de la ayuda a los combustibles e igualmente efímero en el tiempo. También en este caso, las eléctricas terminarán siendo las mayores beneficiarias, debido a que se incentiva una subida de precios que les permitirá apropiarse (como explicamos 25/6/2022 en Impuestos y Subvenciones) de la mayor parte de la bajada del impuesto. Una diferencia importante con respecto a la ayuda de 20 céntimos a los carburantes es que, en este caso, no se genera burocracia adicional y, por lo tanto, se simplifica la gestión y se evita la sensación de caos que durante algunos días existió en las gasolineras.

Estos son los grandes rasgos de los dos modelos de administración. Uno mantiene impuestos elevados y con lo recaudado concede ayudas o subvenciones, mientras que el otro no concede ayudas, pero mantiene los impuestos reducidos. El objetivo, en ambos casos, es frenar el crecimiento del precio de un componente básico del coste de la vida (carburantes o electricidad), pero mientras que uno lo hace inflando el tamaño del Estado, es decir, de lo público, porque aumenta la recaudación y el gasto, el otro intenta lo mismo, pero manteniendo un tamaño reducido del sector público.

El segundo modelo, el liberal, es el más eficiente en términos económicos porque consigue el mismo objetivo con menos costes y menos burocracia. El primero, el de izquierdas, es menos eficiente, pero más equitativo porque persigue un objetivo redistributivo del que carece el modelo liberal. El problema es que cuando no existe discriminación según las circunstancias económicas de los individuos, el efecto redistributivo del modelo de izquierdas se difumina e incluso puede estimular la picaresca y el fraude. Lo que no es aceptable en ningún caso es la proclamación de las ventajas de un modelo y la ignorancia de sus inconvenientes.