La idea de los nuevos regadíos en la zona norte de la provincia de Granada nace a la vez que nace la realidad de la Presa del Negratín, a mediados de los años 80. De hecho, el Decreto 178/1989 de la Junta de Andalucía los trata de amparar en primera instancia declarando de Interés General de la Comunidad Autónoma la zona regable de Baza-Huéscar. Sin embargo, hemos de esperar casi una década más para que con el Decreto 153/1998 se apruebe el Plan de Transformación. No obstante, diversas cuestiones impiden siquiera iniciar su andadura. Por una parte errores político-técnicos, pues el Decreto perfila una serie de perímetros de riego diseñados en una oficina de Sevilla que nada tenían que ver con las necesidades del territorio. Por otra parte, la propia situación socioeconómica del sector agrícola en nuestra comarca, pues como señalan ahora acertadamente algunos presidentes de comunidades de regantes: antes éramos agricultores, ahora muchos somos empresarios agrícolas.

A principios de los 2000, el Trasvase desde el Negratín a la Cuenca del Almanzora aprobado por el Gobierno Central de entonces sin ningún tipo de diálogo con el territorio, no sólo supone un golpe a nuestro orgullo y autoestima, sino en cierta medida una humillación. No sólo se aprueba trasvasar 50 HM3 cada año, sino que no se da ni un solo paso para dar riego a esta zona. Esto supone un aldabonazo en la conciencia colectiva comarcal y se asume como objetivo conseguir que al menos parte del agua que cae de nuestro cielo y recoge el Embalse del Negratín, vaya a regar nuestra tierra. No era demasiado pedir, el pantano tiene una capacidad de 567 HM3 y nosotros pedíamos apenas 18 HM3, es decir poco más del 3%.

La Junta de Andalucía es sensible al movimiento social del territorio y responde con el Decreto 378/2009 por el que se soluciona el obstáculo de los perímetros del Decreto de 1998, de tal manera que ahora podrá transformarse en regadío aquellas tierras que propongan los agricultores constituyéndose previamente en comunidades de regantes, dejando inoperativos de facto los perímetros. Así, se constituyen las comunidades de regantes a partir de 2010 y se comienza la tramitación de las concesiones de agua, las cuales se encuentran a punto de culminarse ahora por parte del Estado.

Con las concesiones prácticamente sobre la mesa se plantea una encrucijada importante que hemos de gestionar entre todos con habilidad, anticipación y visión de conjunto: financiación y ejecución de las obras. Al Gobierno de España le hemos instado para que comience a implicarse en este siguiente paso, y su respuesta ha sido incluir 7 millones de euros en el presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, listos para comenzar a utilizarse en estos proyectos. Es tan sólo un primer paso, y les debemos exigir compromiso con los siguientes cuanto toque. De la misma forma instamos a la Junta de Andalucía a que se implique en la previsión presupuestaria para la financiación de estas obras. Sin embargo, y este es uno de los objetivos principales de este artículo si no el principal, señalamos a la Junta que debe solucionar de forma y previa y urgente el obstáculo administrativo que supone el Decreto de 2009, pues en caso contrario, aunque demuestre la voluntad política de ayudar a la ejecución de estas obras, se encontrará con la limitación técnica de no tener amparo legislativo para hacerlo. Y es que este Decreto fue anulado por un defecto de forma por el Tribunal Supremo en 2016, con lo cual la Junta sólo podría subvencionar proyectos de regadíos que coincidiesen con los perímetros iniciales recogidos en el Decreto de 1998, y sensu estricto ninguno de los nuevos proyectos coincide exactamente con los perímetros iniciales; es más, sin los superpusiésemos, apenas un 20% de las tierras incluidas inicialmente en esos perímetros coincidirían con las solicitadas ahora por los agricultores para ser transformadas en regadío.

Con este escenario parece evidente que nos encontramos ante un problema técnico que debe ser solucionado por la Junta, publicando otro Decreto, incluyendo el tema en el nuevo PDR, de la forma que consideren oportuna; doctores tiene la Iglesia. La cuestión es que no la coja desprevenida. No se trata de segar el trigo en verde, sino de tener la hoz lista y preparada para cuando éste madure. Si lo vamos haciendo ya, no llegaremos a la realidad con retraso, como nos suele ocurrir en tantas ocasiones. Ningún territorio puede permitirse retrasos en sus proyectos por no tener previstas las eventualidades técnicas, y más si se conocen con mucha antelación y se avisan como es el caso, pero los espacios vulnerables de Andalucía como el nuestro mucho menos que ninguno.