Análisis

Victoria velasco

Secretaria de Universidad del PSOE de Granada

Los rectores siguen dando la voz de alarma

Los rectores piden encarecidamente perfilar el modelo de universidad por el que se apuesta

Ante la necesidad de alumbrar la forma de superar la profunda crisis actual tras los estragos de toda índole derivados de la crisis sanitaria del Covid-19, el gobierno europeo ha puesto en marcha un Plan de Recuperación y Resiliencia para establecer e impulsar el desarrollo socioeconómico de la UE a corto y medio plazo mediante un crecimiento inteligente, integrador y sostenible. Dicho plan se financiará con los Fondos Next Generation EU, que cuentan con una dotación de 750.000 millones de euros. Una cuantía extraordinaria y sin precedentes en la historia presupuestaria de la UE. Para ejecutarlos se establecen 10 políticas de cambio en torno a cuatro objetivos vertebradores: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Tres de estas diez políticas se focalizan explícitamente en la educación y el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades; en un pacto por la ciencia y la innovación (con un refuerzo del sistema nacional de salud), y en el impulso de España como nación emprendedora.

La naturaleza del enfoque adoptado por la UE convierte a las universidades en el centro neurálgico desde el que activar el punto de palanca que permita revertir la calamitosa situación actual haciendo un uso lúcido de los medios que se nos brindan. Sin duda, esto va a poner a prueba nuestro I+D porque es justo en el conocimiento donde Europa ha identificado la fuente estratégica de crecimiento económico.

Por tanto, los muchos problemas que ya venían lastrando a las universidades públicas españolas, ahora se ven agravados por la necesidad de hacer un esfuerzo inmediato y enorme para poder afrontar los desafíos descritos en beneficio de la sociedad en su conjunto. Para ubicar en buena medida el origen de este lastre, es oportuno recordar que según el informe La Universidad en cifras 2017-2018 publicado por la CRUE en 2020, la financiación en la década 2008-2018 de nuestras universidades públicas descendió un 21%, situándose un 14,5% por debajo de la media de la Unión Europea y la OCDE. (Me pregunto una y otra vez si, de no haber sufrido nuestro I+D un deterioro de tal calibre, alguna de las vacunas que hoy se están inoculando en nuestros centros de salud hubiese sido española, si bien me consuela pensar que las que pronto vamos a patentar serán de primerísima calidad y altamente competitivas). A pesar de la desinversión sufrida, el 90% de las universidades públicas españolas se encuentran en el rango del 5% de las mejores del mundo, según los rankings internacionales más prestigiosos, lo que viene a constatar lo mucho que merece la pena luchar por nuestras instituciones públicas de educación superior.

Para la dinamización de la Universidad pública española, hay que introducir mejoras de gran calado prácticamente en todos los ámbitos académicos, que abarquen medidas de diversa índole como (sin menoscabo de otras): la creación de espacios colaborativos público-privados en los que asentar la transferencia del conocimiento al sector productivo; potentes estrategias de retención, captación y retorno de talento (hemos de recuperar para el I+D español todo el talento que hemos regalado a otros países en esta última década); la transformación digital integral (académica y administrativa) de nuestras universidades, la creación de nuevos espacios educativos en los que se hayan integrado las nuevas tecnologías en aras a una mejora de la transmisión del conocimiento, la creación ambiciosos programas de formación dual, la racionalización y flexibilización de la oferta académica, la dotación de ayudas al estudio que para garantizar el papel de la universidad pública como verdadero ascensor social, el establecimiento de una carrera académica predecible que resuelva los problemas de precarización actuales del PID y a la vez aborde el rejuvenecimiento de las plantillas (se estima que 33.000 profesores habrán alcanzado en el curso 2028-2029 la edad de jubilación). A la lista anterior cabría añadir un largo etcétera en un análisis de mayor envergadura.

Ante las más que justificadas reivindicaciones del colectivo universitario andaluz, la reacción de la Junta de Andalucía puede resumirse en recortes y desencuentros. De hecho, hemos comenzado el curso con un recorte de 135 millones de euros (el 10% del presupuesto), en plena pandemia y teniendo que afrontar necesidades extraordinarias originadas por la enseñanza telemática, lo que derivó en una protesta generalizada de la comunidad universitaria. Y no hemos llegado a final de curso cuando los rectores y rectoras de todas las universidades públicas de Andalucía se han visto en la necesidad de emitir un comunicado conjunto (el 11 de mayo), en el que reclaman de forma unánime un modelo de financiación que les dé la certidumbre financiera de la que carecen y les permita impulsar los necesarios planes estratégicos de desarrollo con un horizonte plurianual y un marco de actuación completo. Piden encarecidamente perfilar el modelo de universidad por el que se apuesta, y un compromiso de financiación.

El gobierno de la Junta de Andalucía debiera entender este último comunicado como una seria llamada de atención sobre la necesidad y conveniencia de cambiar la orientación de sus políticas para atender las ineludibles y perentorias peticiones que, unánimemente, las universidades públicas andaluzas llevan demandando desde hace tantos meses para poder garantizar su viabilidad. Ojalá que este comunicado sirva para alumbrar al fin una vía de entendimiento y de progreso que proporciones a nuestras universidades públicas el respaldo que necesitan.

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