Unos veinte guardias civiles entran en Abengoa la mañana de un martes 13. En minutos, el registro está en todas los medios de comunicación de España y, pese a que las actuaciones se han declarado secretas, a media mañana ya se conoce que investigan la gestión previa al preconcurso de acreedores de 2015, que se pidió después de que la empresa colapsara tras imponer el Banco Santander la destitución de Felipe Benjumea como presidente ejecutivo y fracasar la ampliación de capital que debía salvar la crisis que entonces tenía la compañía.

Los hechos investigados forman parte de una querella presentada por la Plataforma de Afectados de Abengoa a finales de 2016 y admitida a trámite en 2017. Cinco años casi. Una querella ampliada por un auto dictado hace 14 meses.

Después de tanto tiempo investigando, ¿por qué ahora se registran las instalaciones de Abengoa y en una operación artificiosa?

La respuesta no es única. La primera es puramente judicial. La querella Abengoa II que se investiga la Audiencia Nacional no ha logrado por ahora demostrar lo que sostienen los querellantes, que hubo una manipulación contable que  produjese “la sistemática ocultación de sustanciales pérdidas (deterioros) de sus activos así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad”, según la acusación de la Fiscalía, cuando se ampliaron las actuaciones en febrero de 2020. En cuatro años largos, casi cinco, en ninguna documentación facilitada por Abengoa en ese tiempo se han encontrado pruebas de que existiese esa manipulación y falseamiento contable. Y ahora, pasado ese tiempo, se ocupa Abengoa para buscar esas pruebas tiene escaso sentido.

Fuentes de los querellantes admiten que el propio despacho de abogados que les representa, Ius+Aequitas, tiene poca confianza en que aparezcan pruebas nuevas con este registro.  Fuentes de los querellados, por su parte, sostienen que el 99,9% de la documentación que se obtuvo en el registro la tiene ya el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional.

En definitiva, que hay mucho ruido, mucha pena de telediario, y muy poca nuez que sustente lo sucedido.

La segunda respuesta al preguntarse por qué ahora y a quién beneficia estos hechos apunta a que toda la atención mediática respecto a Abengoa se centrará estos días en la gestión de la etapa previa a que los acreedores se hiciesen con el control de la empresa tras capitalizar casi 6.000 millones de deuda en 2017.

Dicho de otra forma, desviará la atención de las informaciones de este periódico que con, aquí sí con pruebas documentales, han demostrado las prácticas de los acreedores desde 2016 hasta 2021. Entre ellas que ejercía un control absoluto sobre el gobierno corporativo de Abengoa, prohibiendo elevar beneficios a la matriz o autorizando cualquier préstamo.

Y aún más grave, documentación en un registro mercantil en Reino Unido que pone en duda la eficacia del primer rescate al mes de ejecutarse mientras se le decía al mercado en España lo contrario, que la empresa reemprendía el camino de la rentabilidad.

Y se reconocía eso al mismo tiempo que los bancos y otros acreedores financieros vendieron la gran mayoría de su participación,  asumiendo grandes pérdidas que entonces no tenían sentido pero hoy sí porque la sociedad cotizada está cerca de liquidarse y las acciones valdrían cero.

La tercera respuesta es que estos hechos de ayer pueden poner en riesgo la oferta de rescate hecha para que la empresa continúe, la realizada por los Amodio, los accionistas minoritarios y Ultramar Energy. Si se cae, sólo quedaría la de Terramar Capital, desacreditada por sus prácticas en EEUU, también demostradas por este periódico, respecto al despiece de empresas en dificultades, de las que incluso compra la deuda si no se aceptan las abusivas condiciones de la refinanciación que ofrece.