ESTÁ claro que el encarecimiento generalizado en casi todo el mundo del precio de la electricidad es consecuencia inmediata del encarecimiento de una energía primaria, el gas natural y, para los europeos, del elevado precio de los derechos de emisión de CO2, de lo que hemos sido suficientemente informados, al igual que lo que sucede en La Palma. Pero en este asunto tal parece que, con cierta aquiescencia del gobierno, podemos identificar a los causantes del trastorno: los generadores eléctricos que están percibiendo una retribución indebida, ya que sus costes son muy inferiores a los que se fijan en el mercado para cada hora del día. Un beneficio completamente injustificado para el público en general e incluso para el propio presidente del gobierno, según aquellas palabras suyas “… porque pueden soportarlo”, refiriéndose a una reducción de la retribución a los generadores que no han de adquirir derechos de emisión.

Una espléndida exposición de la situación actual está al alcance del lector en el canal de YouTube del Observatorio Económico de Andalucía, se trata de la ponencia del profesor José Domínguez Abascal pronunciada esta misma semana. Esta charla me ahorra comentar la situación actual y me permite hacer una síntesis de la trayectoria de la acción del gobierno en el sistema eléctrico.

Algunos aficionados a ver fallos del mercado por todas partes están señalando la situación actual casi como el mejor ejemplo de que si no se actúa, el mercado sólo beneficia a unos pocos en perjuicio de la mayoría, con lo cual se justifica todavía mayor acción pública: propuestas (insensatas) de una compañía eléctrica pública, o rescatar las concesiones hidroeléctricas porque tienen una vigencia poco menos que escandalosa ¿seguro que todas están amortizadas? Pero el caso es que el sector eléctrico es uno de los dos sectores más regulados -el otro es el sector financiero- y que los costes regulados son una parte muy importante en el precio final, tal como puede verse en el actual modelo de factura. Permite identificar muy bien el precio de la energía propiamente dicha, el precio del mercado, del “precio de la luz” o importe total de la factura, tal como ha distinguido el ministro de Consumo. Claro que no lo son: la energía eléctrica ha de ser transportada y distribuida hasta el lugar de consumo y, además, en la actual factura hay componentes que son resultado de pasadas decisiones.

La configuración de nuestro actual sistema eléctrico es resultado de decisiones políticas tomadas a lo largo de muchos años, que no han sido ajenas ni a las preferencias tecnológicas de cada momento, ni a la escasez crónica de energía primaria aprovechable en nuestro país (hasta hace muy poco tiempo) ni tampoco a las preferencias de determinados grupos sociales muy activos y de partidos políticos que se hacían eco de estas preferencias. De un ambicioso plan de expansión de la generación nuclear pasamos a principios de los 80 a una reconsideración de este plan y a principios de los 90 se suspendieron las construcciones en curso. La compensación por las inversiones realizadas dio lugar a un pago incluido en la tarifa que ha finalizado en 2015. Curiosamente, una de las razones que justificaban aquel plan fueron las sucesivas crisis del petróleo y el encarecimiento de su precio. El reemplazo al uranio se buscó en el gas natural, de ahí las tempranas negociaciones con Argelia; pero el asunto es que tecnología más eficaz para su aprovechamiento, el ciclo combinado, no estuvo disponible hasta bastantes años más tarde: la primera central operó en 2002. Esa orientación política dio lugar a una ingente inversión en construcción de centrales, habida cuenta de que la generación eólica era entonces bastante exigua: los primeros aerogeneradores se instalaron en 1994 y la renovable solar era poco menos que una esperanza y, además, ha sido muy cara hasta hace pocos años. Entre 1988 y 1997 la retribución a la generación se hizo bajo el conocido como Marco Legal y Estable, que garantizaba la retribución según la tecnología utilizada, fue reemplazado por el actual sistema de mercado de casación y marginalista. Ese cambio tuvo consecuencias, entre ellas la aceptación, no sólo en España, de los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC) y que, naturalmente, tuvo repercusión en la factura durante bastantes años. Como curiosidad, se garantizaban unos ingresos equivalentes a 36  euros/MWh (6 pesetas/kWh), además de una cantidad a distribuir entre los actores del sistema. Posteriormente, en el año 2000, comenzó a producirse un déficit en el sistema, los ingresos no cubrían la totalidad de los costes y éstos no se trasladaban en su totalidad a la factura. El déficit llegó a alcanzar la cifra de 30.000 millones de euros en 2014 y lo hemos venido pagando en la factura, aunque estamos lejos de haber terminado: a finales de 2020 todavía teníamos algo más de 14.000 millones de euros pendientes de abonar.

Y entre todas estas decisiones regulatorias se extendió una nueva forma de generación, la renovable a la que el gobierno comenzó a incentivar en 1998 y amplió los incentivos en la segunda mitad de la primera década del XXI (Plan de Energías Renovables 2006-2010). El problema es que aquellos incentivos se diseñaron muy mal y han resultado ser extremadamente costosos (actualmente, unos 7.000 millones de euros anuales). Esto se contuvo en 2013 (Ley del Sector Eléctrico) y es cierto que los incentivos actuales son mucho más sensatos, ya que están basados en subastas de capacidad, y es mucho más razonable el procedimiento de asignación del punto de conexión. Además, ahora la mayor parte de los proyectos acuden al mercado o se financian en base a contratos bilaterales con consumidores. Pero el problema no es sólo el coste de la generación incentivada, sino la perturbación que oferta creciente de renovables introduce en un mercado que no está pensado para generadores con costes variables insignificantes y que no han de adquirir derechos de emisión. Por eso, en algunas ocasiones el precio de la electricidad ha sido anormalmente muy bajo, incluso nulo, por no ser necesaria la generación térmica convencional. Pero, claro, estos precios son absurdos porque no permiten hacer frente a la amortización financiera del proyecto. A título de ejemplo, una central fotovoltaica necesita algo más de 38 euros/Mwh para ser viable.

Nos enfrentamos a un doble problema. Por una parte, el sistema de mercado marginalista no funciona con un volumen ya elevado y creciente de oferta precioaceptante. El precio elevado debido al del gas natural decaerá en algún momento, pero ese problema no desaparece por sí solo. El segundo es cómo garantizar la energía de base si estamos yendo hacia una generación mayoritariamente renovable, que sólo tiene unas horas diarias de funcionamiento y que además es dependiente de las condiciones meteorológicas. Numerosos países, incluso contando con un amplio parque renovable, han consumido mucho gas este pasado invierno, con lo que las reservas están muy menguadas, e incluso en algunos países –Alemania, por ejemplo– la generación eólica ha sido bastante menor de la habitual durante el verano, con lo cual ha habido que utilizar intensamente las centrales térmicas. No es solución a medio plazo pensar en un almacenamiento masivo de energía eléctrica, ya sea mediante la producción de hidrógeno o almacenamiento en baterías. Estas tecnologías, por mucho que se aceleren, requieren años para su maduración y para la reducción de costes, de modo que la energía de base seguirá siendo nuclear o térmica convencional, no hay otra forma. Ante esto, parece que tiene sentido prolongar la vida de las centrales nucleares (o construir nuevas centrales, si fuese posible) y no cerrar precipitadamente las centrales de carbón. De hecho, una con el cierre previsto, As Pontes (La Coruña), entró en funcionamiento cuando Filomena y entrará de nuevo en los próximos días. En Alemania, ni se les ha pasado por la cabeza un cierre masivo del carbón. En definitiva, no pensemos tanto en problemas transitorios, aunque nos cuesten el dinero, y pensemos más en los problemas de fondo que conlleva la transición energética forzada que estamos viviendo.