La semana venía cargada de contenido jurídico. Otra vez, macrocausas, múltiples imputaciones resueltas con también múltiples absoluciones; mínimas penas después de años de instrucción y enjuiciamiento con el coste económico que a nuestro endeudado Estado ocasiona. Todo quedó en una historia de apasionada lectura en diarios que llenaron miles y miles de portadas durante años. En cambio, apenas en un día como el del pasado lunes, aquel enjaretado de opiniones e imputaciones periodísticas aderezadas bajo el calificativo de indicios y una presunción de inocencia sesgada con tanto titular, aquel castillo de naipes se viene abajo. Todo se resuelve con absoluciones, o absoluciones parciales respecto de tipos penales que aparejaban la mayor incriminación. Las mínimas condenas, revisables en casación, apenas sujetan una pena de inhabilitación.

Más de uno cuestionará lo que digo. Sé que dirán que no es ni más ni menos que resultado de nuestro Estado de derecho. A pesar de todo, seguiré entendiendo que si este estado no es capaz de reponer la credibilidad que un día perdieron bajo aquellos titulares, si no repone la honorabilidad de quienes se vieron obligados a cesar en el ejercicio de lo más sagrado de nuestro estado democrático como es la ocupación de un cargo público electivo, algo está fallando.

Muchas aristas, y no todas tratables en pocas líneas. Si una acusación produce el cese en la ocupación del cargo público, y la absolución no puede reponer su reocupación, deberemos concluir que el Estado y/o la acusación particular o privada puede haber incurrido en responsabilidad y, cuando menos, debiera resultar incuestionable el acceso indemnizatorio (responsabilidad quasi objetiva). Si no, seguiremos dejando que se juegue políticamente con la justicia, bajo perversas formas de judicialización.

Ello no cuestiona la exigencia de un modelo de estado donde justicia e investigación judicial deben seguir siendo eje vertebrador de nuestro estado de derecho. En modo alguno. Pero por otro, y tan legítimo y democrático como la investigación penal, cuando la pena más grave no termina siendo impuesta por el propio tribunal, cuando se ha recibido el excesivo castigo mediático no amparable en la vis pública del ofendido, cuando resulta de imposible reposición el status público desarrollado a través de carreras políticas o funciones públicas, por un lado, o crédito mercantil, por otro, en ese caso, deben arbitrarse mecanismos de compensación e incluso de depuración de responsabilidades.

Mucho hemos hablado (pero ninguna solución implementamos), para procurar evitarlo. Vista la tónica de aumentar penas o crear delitos nuevos, quizá haya que castigar penalmente y/o inhabilitar a quienes revelen el contenido de un procedimiento o judicialicen la política. En cualquier caso, lo que no podemos es cruzarnos de brazos y responder con que "son gajes del oficio". Porque no lo son ni nunca podrán serlo si se cuestiona la honradez de los investigados.

Por ello, y porque siempre creí públicamente en su inocencia, felicidades. Y para los condenados a penas mínimas de inhabilitación, a Isabel, a Emilio y a Roberto, la justicia llegará un poco más tarde. Pero llegará. Sin ninguna duda.