EL principio de acuerdo entre los acreedores para reestructurar la deuda de Abengoa, anunciado por su actual presidente, Antonio Fornieles, en la junta general de accionistas del pasado jueves, permite apostar por un futuro próximo de continuidad de la actividad de la principal empresa andaluza de ingeniería y energías renovables, y aleja el riesgo de liquidación de la primera compañía del sector privado de Andalucía por facturación y volumen de creación de empleo. Compartimos la decisión de los bonistas y los cinco bancos que quedan como principales acreedores -HSBC ya no aparece, según los datos conocidos en la junta-, dado que la nueva Abengoa que salga de esta reconversión ha de tener como objetivos primordiales el mantenimiento de la actividad industrial, la apuesta por la innovación y que permanezca en Sevilla su centro de decisión. Los pasos dados hasta ahora, que han de confirmarse con la presentación de este plan antes de final de mes ante el Juzgado Mercantil que es competente en el preconcurso de Abengoa, parecen ir por esa senda y abandonar cualquier tentación de convertir la compañía en un negocio financiero con fines especulativos. Que los futuros nuevos accionistas mayoritarios -los bonistas representarán el 55% del capital y la banca el 35%- opten por ese camino es alentador. Para Andalucía es primordial que cualquier duda en ese sentido se disipe, evitando el concurso y manteniendo la actividad industrial -bajo parámetros de innovación- y, con ella, una parte considerable del empleo de alta cualificación que ha generado en los últimos decenios Abengoa para que inicie una senda de recuperación y crecimiento. Una comunidad como Andalucía, cuyo Gobierno autonómico apuesta por aumentar su industrialización -históricamente escasa- como un elemento sustancial para superar la crisis económica que hemos vivido en los últimos años, necesita que Abengoa siga siendo referente por actividad e innovación.