Costó cinco años y cinco millones, pero el Instituto de Medicina Legal pudo abrir por fin su sala de autopsias en 2012, donde no faltaron los políticos para hacerse la foto de rigor (¿mortis?).
Miguel Carcaño fue él único condenado del asesinato de Marta del Castillo, un crimen que, una década después, sigue sin resolverse.
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