QUE la crítica política es un ejercicio saludable está fuera de toda duda; que el marcaje de la oposición al gobierno entra de lleno en las obligaciones de quienes pierden las elecciones, también; que la fiscalización por parte de los aspirantes a gobernar hacia las actuaciones de los que ya lo están haciendo, parece evidente. Todo lo anterior forma parte del evangelio de la política como también el hecho de que no todo vale y de que el desgaste del gobierno no puede ni debe ser a costa de erosionar las instituciones e incluso el propio sistema. Lamentablemente nuestros políticos -algunos más que otros- nos tienen más que acostumbrados a un tipo de oposición en la que cuenta más la destrucción del adversario -sin importar los medios ni las consecuencias- que formular los planteamientos que puedan llevar a la ciudadanía a vislumbrarles como verdaderas alternativas de gobierno.

Los estrechos resultados de las pasadas elecciones en la configuración de la actual Diputación Provincial, y la auténtica "obsesión" del PP con hacerse con el gobierno de la misma, está llevando a dicha formación a protagonizar una oposición manifiestamente mejorable. En los últimos días hemos asistido a una catarata de descalificaciones, muchas de ellas rayanas en la auténtica grosería, dirigidas contra el presidente, Martínez Caler, en particular, y contra todo su equipo de gobierno en general. En muchos de estos casos, el PP retuerce los argumentos para hacer sangre en filas enemigas; en otros exige comportamientos al gobierno olvidándose que el exigente ha estado muy alejado de cumplirlos en su conducta política y personal.

Este tipo de oposición, suele confiar en la "amnesia política" de la ciudadanía, sin darse cuenta de que hay cosas que el votante difícilmente olvida. ¿Cómo si no se entiende que alguien exija gestos éticos a alguien cuando no hace muchos meses el inquisidor fue pillado in fraganti facturando al Parlamento centenares de kilómetros que no le correspondían, tras asegurar que su residencia estaba donde no está? ¿Cómo si no se pueden exigir dimisiones por imputaciones judiciales cuando en las mismas filas de los tronantes las hay de tanta o mayor gravedad, éstas sí amparadas por la presunción de inocencia?¿Cómo se pueden echar por tierra actuaciones institucionales sin molestarse lo más mínimo en analizar sus resultados? ¿Cómo, por último, puede alguien gastarse una fortuna en presentarse como candidato a presidir una institución y, al no conseguirlo, no ocupar ni tan siquiera el escaño?

Que nadie dude que la memoria política existe y que la dignidad en la tarea de oposición se premia tanto o más como se castiga la contraria. Al tiempo.