La deriva dictatorial de las administraciones local, autonómica y estatal hacia la absoluta obligatoriedad del uso por los administrados de la administración electrónica, es una gravísima imposición que estamos consintiendo los ciudadanos molesta y silenciosamente, pero que de ninguna manera debemos tolerar. Atenta contra nuestros derechos fundamentales y libertades públicas -concretamente contra el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y la libertad ideológica-, ya que nos obliga a utilizar un mundo virtual inexistente en la realidad física, en el que no tenemos obligación alguna de operar -una ley procedimental nunca está por encima de las libertades garantizadas constitucionalmente- y menos aun tratándose de administraciones cuya prioridad es servir a los ciudadanos, justo lo contrario de lo que están haciendo, que es esclavizarnos y discriminarnos si no nos sometemos, y la pandemia ha acelerado esta esclavitud silenciosa.

Nadie tiene obligación de tener contratado Internet en casa, el trabajo, etc., es una opción libre, al igual que inscribirse en un club de tenis o un gimnasio, pero la Administración nos lo impone subrepticiamente. Internet comporta un gasto que muchos no pueden o no quieren pagar, y las administraciones tampoco pueden forzarnos a asumirlo, ni provocar discriminación por pobreza digital. Hay muchas personas que no tienen edad para aprender y muchas poblaciones a las que no llega Internet, y la Administración también provoca discriminación por edad y residencia. Cualquiera puede ser objetor digital, y no querer relacionarse por ese medio por los motivos que considere (privacidad, seguridad, tranquilidad, ahorro, vejez, no querer conocer o saber…).

Siendo la prioridad de las administraciones el servicio público, ¿por qué para que nos atienda un funcionario tras una mampara debemos pedir cita previa en aplicaciones caóticas que no funcionan mientras el resto trabajamos directamente con los ciudadanos (comerciantes, profesionales, autónomos, profesores…) ¿es que pertenecen a una clase privilegiada a la que sólo se puede acceder tras horas en un ordenador para conseguir cita previa y tras pasar tu DNI, tus pertenencias y tú mismo por varios escáneres? La dictadura es tal que, si intentas registrar un documento físicamente, el "no" es rotundo y el trato, mejorable.

Pandemia, hipotética agilidad…, no son excusas para que las administraciones y las normas inconstitucionales nos opriman con una dictadura electrónica, que no existe en el mundo físico, y por tanto nunca puede ser obligatoria, sino siempre de libre elección. Somos administrados, no esclavos.