EN un país con unos 10.000 ciudadanos aforados, de los que 2.500 son políticos, era inconcebible que en ese alto número de personas que no son juzgadas por tribunales ordinarios no se encontraran la Reina y los Príncipes de Asturias. Es más, seguro que la mayor parte de los españoles recibirían con satisfacción que se levantara el aforamiento a todos o casi todos los que ahora disfrutan de ese privilegio, pero aceptarían sin embargo que además del Jefe del Estado, también el Príncipe heredero fuera juzgado de un posible delito por un tribunal superior.

Somos el país del mundo con mayor número de aforados. En Italia y Portugal sólo lo es el presidente de la República, en Francia hay diez dignatarios aforados; en el Reino Unido y Alemania, ninguno. Aquí, además de los miembros del Gobierno, gobiernos regionales, senadores y diputados, cargos institucionales y parlamentarios de algunas de las comunidades, las hay que amplían el aforamiento a los funcionarios policiales, lo que explica el número absolutamente disparatado de españoles que tienen trato de favor ante la Justicia.

La reforma que ha aprobado el Consejo de Ministros el pasado viernes no corrige esa situación aunque convendría hacerlo, pero además incluye una serie de medidas con las que el ministro Gallardón pretende poner fin a los males que hoy aquejan a la Justicia española.

Su triunfalismo contrasta con el escepticismo con el que los profesionales de la judicatura han recibido sus propuestas. Donde el ministro ve colegiación de jueces para los casos más conflictivos de manera que acaben los personalismos y filtraciones de sumarios y se reduzca considerablemente el tiempo de instrucción, los jueces ven dificultades de coordinación para trabajar eficazmente. Donde Gallardón ve ecuanimidad al crear tribunales provinciales de Instancia, que tomarán decisiones en el ámbito de la provincia incluido el reparto, los profesionales ven distanciamiento entre jueces y ciudadanos a pesar de que el ministro ha insistido en que se mantendrán las sedes locales de los tribunales en determinadas circunstancias y núcleos de población.

La música del ministro sonaba bien, pero empezó a chirriar cuando empezaron a escucharse voces discrepantes de jueces y fiscales de distinta orientación ideológica y procedencia. En este asunto no cabe imponer una ley con la firma de un ministro concreto: Gallardón debe hacer el esfuerzo necesario para que de verdad la Justicia funcione, se aplique en plazo y no se tomen decisiones condicionadas por la ideología o el afán de protagonismo de jueces y fiscales.