UNA mayoría absoluta no justifica la arbitrariedad a la hora de ejercer el poder. Y en el caso concreto del barrio de Albayda, la arbitrariedad se ha convertido en norma. Sobre todo desde el punto de vista urbanístico, pero no sólo. Ha sido un barrio isla que no ha pertenecido a ningún distrito. Sus representantes vecinales desde el primer momento han participado sin voto tanto en las juntas de distrito de Chana, Norte y Beiro. Han realizado una excelente labor a lo largo de los años, de eso no cabe duda y, sin embargo, en no pocas ocasiones, los vecinos y vecinas de este barrio de Granada han sido víctimas de una arbitrariedad más que notable, o mejor dicho, suspensa.

Albayda es un barrio fundamental en la conexión oeste, norte y centro de la ciudad. Una conexión atractiva para el sector inmobiliario y de servicios, aunque en no pocas ocasiones, se ha sido visto como algo más que un atractivo. Y es que, la voracidad especuladora, legítima aunque más que discutible desde el punto de vista ético y socioeconómico del sector privado, debe verse limitado desde la gestión pública y no al contrario.

En la memoria reciente de todos y todas está la propuesta del alcalde de Granada de trasladar a la rotonda Europa la estación de tren de la ciudad. No son palabras de ningún concejal socialista, sino de profesores de nuestra Universidad preocupados por la gestión que del territorio se hace, las que nos recordaban que dicha propuesta, -además de contribuir a la estrategia del PP general de no sacar adelante un AVE soterrado a su paso por La Chana con una estación adaptada a los tiempos que corren cercana al centro histórico de la ciudad-, era una propuesta que, de llevarse a cabo, conllevaría pingües beneficios para determinados promotores de la ciudad. No perseguía, por tanto, esta propuesta del alcalde, el interés general, sino que ejemplificaba claramente la arbitrariedad en la gestión del territorio que se ha realizado durante su mandato.

Otro ejemplo, aparentemente menor, fue la apertura de un vial en una zona verde, según el PGOU, en la calle Periodista Fernando Gómez de la Cruz, o el cambio de uso de una parcela terciaria, según el gobierno popular, porque al promotor no le salía rentable desarrollar esta parcela sí el Ayuntamiento no la convertía en residencial. Así que, Torres Hurtado sin dudarlo aprobó una modificación de la normativa urbanística para cambiar el uso de la parcela y colocar un edificio de 6 plantas primero, que después dejó en 5, en una zona de viviendas unifamiliares, lo cual generará un impacto más que evidente.

Por lo pronto, los vecinos y vecinas han presentado 138 alegaciones y la oposición en bloque ha dicho no a este cambio. Lo sorprendente es el argumento utilizado para contestar a las alegaciones: los edificios terciarios, como el de la Cámara de Comercio que hay en el barrio de Albayda, son edificios fantasmas que generan inseguridad. Ver para creer.