EN los ratos libres que le deja su pregonada vida supuestamente privada y el lucimiento de su amor glamouroso y mediático Nicolas Sarkozy ha encargado a una consultora privada que evalúe la gestión de sus treinta y tantos ministros y secretarios de Estado.

Con esta insólita iniciativa el presidente de la República francesa lleva al paroxismo su apuesta por desburocratizar la vida política y someterla a los criterios de la empresa privada. Se trata de encargar a cada ministro unos objetivos bien definidos, asignarle los medios precisos y analizar si han sido capaces de cumplirlos. Hasta treinta parámetros utilizará la auditora para suspender o aprobar a cada ministro examinado.

Los franceses conocerán con exactitud si el titular de Interior ha conseguido o no aumentar en el porcentaje fijado el número de delitos resueltos y por qué, al de Inmigración se le pondrá nota acerca de su obligación de expulsar a 25.000 inmigrantes irregulares por año, el de Trabajo verá analizado con lupa el compromiso de más horas extras y el de Función Pública se las verá con la titánica gesta de reducir el número de funcionarios. Claro que la consultoría tiene truco: será Sarkozy quien decida qué ministro lo ha hecho tan mal como para relevarle, mientras que en lo que a él mismo se refiere, nadie le calificará hasta que no haya elecciones presidenciales.

Algunos cargos públicos españoles deben estar echándose a temblar por si a Zapatero se le ocurriera importar el método. Si la labor de un Ministerio o una Consejería se dictaminara aquí con la asepsia que las empresas privadas aplican a la de sus directivos, más de uno iba a llevarse una sorpresa. Si a un ministro le ponen la tarea de llevar el tren a una ciudad en un plazo determinado y no lo consigue, se iría a su casa inevitablemente, sin que sirvieran de nada sus protestaciones ideológicas (antes partido que doblado, etcétera). El consejero al que le dan ocho años para arreglar la Educación en su comunidad y la deja en los últimos lugares de la clasificación, a la calle con él. ¿Y el concejal que se compromete, él solito, a acabar con el chabolismo y la mendicidad y acaba su mandato con más chabolistas y más mendigos que nunca? Pues otro que hay que retirar, por incapaz.

Quizás sea una exageración -francesa- dejar en manos de una auditoría de empresas el veredicto sobre la gestión de nuestros políticos, pero debe haber seguramente un camino intermedio entre esta exagerada gerentización de la política y su no menos exagerada elusión de cualquier criterio objetivo y racional, que es lo que se practica entre nosotros. Aquí lo que determina el futuro de un cargo público es, mayormente, su lealtad al que lo nombró. Por muy botarate que haya salido.

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