Cada año, cuando llega el 28-F, perdemos el mismo valioso tiempo en pamplinas. Que si el acento andaluz, que si el centralismo sevillano, que si el Reino de Granada, que si la Bética romana, el Califato de Córdoba y Tartessos. Las autonomías no tienen más objetivo que el de acercar el gobierno al ciudadano y hacerlo más eficiente. No nacieron para crear identidades inexistentes o forzadas desde las diversas ideologías políticas. Tanto nacionalismo latente y casi siempre impostado nos lleva al cantonalismo decimonónico y abre la vereda del más ridículo aldeanismo. Construir el futuro sobre la reivindicación de identidades políticas o administrativas desaparecidas hace siglos no es más que un delirio historicista.

Porque la pregunta es sencilla ¿en qué fecha exacta de la historia hay que plantarse para decidir la organización regional de España? ¿Existe hoy un sentimiento por el Reino de Granada? ¿Y por cuál de ellos, el zirí, el nazarí o la entidad administrativa posterior? ¿Y por qué no las Taifas, el Condado de Castilla o el reino Suevo? ¿O sólo se busca la posibilidad de detentar para beneficio propio el poder caciquil y clientelista propio de las pequeñas comunidades? Ya lo denunciaba Madison en El Federalista a finales del XVIII, cuando advertía de que cuanto más pequeña es una sociedad, más escasos son los partidos e intereses que la componen, más frecuente será que el mismo grupo tenga la mayoría y mayor será la facilidad de concertarse y ejecutar planes opresores.

No es posible negar que fue un error hablar de comunidades históricas o de implementar dos vías constitucionales para alcanzar la autonomía, pero fue la necesidad política del momento y casi medio siglo después, las comunidades autónomas deberían ser el instrumento que impulse el desarrollo económico y social de los ciudadanos. Los grandes países con administraciones descentralizadas basan su riqueza y liderazgo en la definición y ejecución de políticas propias en cada territorio. La autonomía tributaria tiene innumerables ventajas. Proporciona a los gobiernos incentivos para desarrollar políticas fiscales que impulsen el crecimiento económico; aumenta el control ciudadano sobre las cuentas públicas y los votantes castigan a los gobiernos ineficientes. Y al final, exige disciplina fiscal. Ese debería ser el camino a seguir y no el de las reivindicaciones historicistas y medievales y los sentimientos soñados.