ESTE 2012 bien pudiera empezar con una oleada gris de dimisiones. Dimisiones grises, dimisiones doradas: porque, una vez dejada a un lado la virtuosa presunción de inocencia, la cuestión penal se queda al margen. Y ya no estamos hablando de una cuestión penal, sino de un asunto orgánico: la credibilidad pública. La diferencia fundamental estriba en que los asuntos penales afectan, en principio, a la esfera individual del encausado, aunque su delito pertenezca al orden de la gestión pública; sin embargo, la credibilidad institucional, el contrato firmado entre la soberanía y sus representantes, es un concepto de orden tribal: atañe a nuestro marco de convivencia, lo condiciona y lo somete. Podemos asumir un caso de corrupción, podemos contemplarlo, señalarlo y juzgarlo, y podemos cargarlo con esa pena conocida después de la sentencia; pero una democracia no puede asimilar, en tan poco tiempo y en esferas tan disímiles, semejante andanada de corrupción, desfalco constatado, aprovechamientos y demás expolios a nuestros bolsillos.

En un primer momento, el perjuicio va directamente ahí, a nuestros bolsillos maltratados. Cuando se vuelve prácticamente imposible seguir la marcha diaria de los innumerables casos de corrupción política local, provincial, autonómica y también estatal, y al mismo tiempo las carteras de los ciudadanos adelgazan paulatinamente, si no se han tirado ya, la gente empieza a preguntarse dónde ha ido a parar el dinero de todos. Es entonces cuando se conecta la radio, por la mañana, y se amanece con un nuevo caso de apropiación o desvío de dinero público mientras la cafetera humea y el gesto nos enturbia la paz del desayuno. Es así como llega el segundo momento, mucho más hondo y más imperceptible, al constatar interiormente, y dolorosamente, que más allá del dolor de la economía doméstica está la sensación, entre cabreada y borreguil, de estar siendo atracados de manera impúdica, sistémica y a plena luz del día.

Por citar el último caso y aplicándole todo lo anterior, tenemos a José Blanco, ex ministro de Fomento, diputado electo y secretario de Organización del PSOE. Imputado en un presunto delito de corrupción, aún no ha practicado la misma dimisión que en su día, hace tan poco, exigía constantemente para Francisco Camps. Presunción de inocencia para ambos; pero, como ya hiciera Camps, ha llegado el momento de desligar toda imputación de deshonra política del ejercicio de la actividad pública y de su necesaria honorabilidad. El año en que se cumple el segundo centenario de las Cortes de Cádiz, de nuestra Constitución más humanista y heroica, debiera ser la fecha en que volviera también la sensatez, más allá de las pequeñas ambiciones que, acumuladas, van lastrando nuestra democracia hasta volverla casi irrespirable. Dimitir. Ser juzgado y, una vez demostrada la inocencia, qué dignidad también la del regreso. Es preciso volver a una ética ilustrada.