EL caso de los ERE, el de Invercaria y, últimamente, el de los cursos de formación, además de algunos protagonistas, como son varios cargos públicos consentidores y el de aprovechados que han sabido tejer sus redes, en base a amistades e influencias para sacar tajada, tienen en común la responsabilidad de haber roto los procedimientos o la de habérselos saltado a la torera. Cierto es que, en muchas ocasiones, los procesos administrativos son lentos, complicados y dificultan su empleo en situaciones o proyectos que requieren agilidad. Pero no es menos cierto que el cumplimiento a rajatabla, sin excusas, pretextos o atajos, y sin excepciones, asegura, en un porcentaje muy alto, la legalidad de las actuaciones.

Es comprensible, pero no justificable, que exista la tentación, incluso con buenas intenciones, de romper esos procedimientos, buscando atajos que permitan trayectos más rápidos, huyendo de los embotellamientos de la legalidad administrativa. Así que, probablemente, algunos, aunque no todos, de los que tomaron estas iniciativas y propiciaron el desvío, lo hicieron en la convicción de que el fin justifica los medios. Como los fines, en la mayoría de los casos eran buenos, pensaron que había que darle un empujón al carro. Hay que recordar que estamos hablando de ayudas a empresas en crisis, de soluciones para los problemas de jubilación de miles de trabajadores, de la financiación de proyectos destinados a crear puestos de trabajo o de formar a jóvenes, trabajadores y parados.

El problema es el sistema escogido para agilizar los procesos, que fue el de soslayar las garantías del procedimiento, creando nuevas figuras administrativas de dudosa legalidad, y además le dieron el encargo a personajes de dudosa fiabilidad. Algunos de ellos, por demasiado listos, y otros, por demasiado tontos, hicieron de su capa un sayo, o permitieron que otros lo hicieran, favoreciendo sin vergüenza a los amigos personales o de partido. Dieron lugar a que se formase un entramado de aprovechados que ordeñaron a placer la teta dejada al descubierto. Por comisión, por omisión o por complacencia, hay muchos culpables de lo ocurrido, y no se puede mirar para otro lado. No cabe venir ahora con que airear esto perjudica la imagen de Andalucía. Lo que ellos hicieron, o permitieron hacer, es lo que daña nuestra imagen. Se impone una acción ejemplarizante. Cuanto antes.