EL juez Moreno ha decretado prisión domiciliaria para Bolinaga. Su simple nombre provoca repugnancia. Fue condenado a 178 años de prisión por el asesinato de tres guardias civiles y por participar en el secuestro de Ortega Lara, el funcionario de prisiones que permaneció más de quinientos días bajo tierra, en un cubículo construido por los terroristas bajo la maquinaria de una nave de Mondragón; un zulo de apenas dos por dos, con las paredes chorreando humedad y en condiciones infrahumanas. Estos últimos días se ha sabido que Bolinaga pudo haber participado en el asesinato de otro guardia civil, Antonio Ramos, hace 28 años; uno de los más de 300 casos de atentados terroristas aún sin resolver y que angustian a los familiares que ven sobre ellos la espada de Damocles de la prescripción.

El caso Bolinaga es una demostración palpable de que determinadas decisiones judiciales chocan frontalmente con la sensibilidad y el sentido común. A Bolinaga se le detectó un cáncer cuando se encontraba en prisión y sus abogados encontraron la manera de aportar certificados médicos que aseguraban que su estado era terminal y no le quedaban más de seis meses de vida. Como mucho, nueve. De nada sirvió que la fiscalía recurriera la decisión, ni que una forense llamada por el fiscal hiciera un mejor diagnóstico del estado del terrorista. Desde hace más de año y medio reside con su familia en Mondragón y aunque es cierto que su estado es cada vez más débil, hería el simple hecho de verlo pasear por la calle en compañía de sus hermanos, por muy decrépito que fuera su aspecto. Y si hería a cualquier ciudadano de bien, más todavía a los familiares de sus víctimas mortales, a los que ha roto la vida. Y, por supuesto, a Ortega Lara.

Varios jueces, entre ellos Garzón, sostuvieron que el etarra debía obtener la libertad condicional porque no es humano que nadie muera en prisión. Sorprende ese tipo de afirmaciones, porque son muchos los delincuentes comunes que han muerto en la cárcel a pesar de que se encontraban en un estado terminal que auguraba que les quedaba poco tiempo de vida.

El Ministerio de Interior, de quien depende Instituciones Penitenciarias, ha solicitado este año y medio informes periódicos sobre el estado del etarra, y en todos ellos se aseguraba que su situación era crítica; pero con el paso del tiempo crecía la sospecha de que el entorno de ETA encontraba la manera de prolongar la libertad condicional gracias a informes médicos realizados por profesionales más o menos afines.