Hace tiempo que las empresas de un cierto nivel se dieron cuenta que contratar al primo y al cuñado en puestos claves no era buena idea y han desarrollado diversos mecanismos de selección para contar con personas preparadas y cualificadas dado que los beneficios de la empresa dependerán en buena parte de su trabajo.

No pasa así en el Estado y las administraciones públicas donde el concepto decimonónico de clientelismo político está muy arraigado.

Políticos, deberían ser los que han sido elegidos en las urnas y de ahí para abajo gestores de lo público cualificados y preparados, con sistemas de selección competitivos, públicos y transparentes, dado que serán los responsables de gestionar los recursos de todos, los fondos de los impuestos de los ciudadanos para que sean lo más eficientes posible.

Pero la realidad actual es que algunos -o muchos- políticos se creen herederos legítimos del conde de Romanones y que junto a la entrega de un nuevo móvil y un portátil, también se incluye un paquete de regalías y canonjías para que disponga de lo público a su antojo y para que le den lo que es de todos a sus amigos, a los compromisos propios, para colocar a aquellos que se han quedado descolgados de las listas de su partido, o que no los ha votado nadie y hay que buscarle un buen acomodo. Los vemos en una larga lista de directores generales, secretarios generales, gerentes de fundaciones y consorcios, directores de monumentos, de parques naturales, de puertos, de festivales, asesores y personal directivo variado de confianza.

Las instituciones necesitan continuidad en los proyectos y no estar sometidas a cambios continuos de legislaturas cada vez más cortas, los responsables deben ser expertos en la materia de la que van a ser máximos responsables y con experiencia y solvencia en gestión. Sacar a las instituciones del continuo desgaste del debate político empieza por poner en su cúpula a profesionales al margen de su ideología.

En el siglo XXI esta situación debe revertir y los ciudadanos tenemos todo el derecho a exigir que así sea, son los responsables de gestionar nuestros impuestos, "lo nuestro" y deben ser los más capacitados para ello. No solo el sistema de acceso debe ser público y transparente, también es necesario crear mecanismos objetivos de evaluación y de control de dicha gestión, mediante la transparencia, fijando los criterios a desarrollar de forma externa para que no sean una autopropaganda política.

Si queremos avanzar, si somos conscientes de que de la gestión de lo público dependen desarrollos de diversos sectores, de muchas personas, y el progreso y el bienestar de la sociedad en su conjunto, no podemos permitirnos el lujo de mantener el clientelismo político decimonónico. Es necesario desarrollar una legislación que regule, acote y defina este campo, de manera clara, valiente y moderna.

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