Lo capital no es refundar el texto del 78, es que se cumpla. La agenda mediática centra el debate sobre la organización territorial, pero lo que amarga a la mayoría de la población es la voladura controlada que ha sufrido la Constitución, especialmente tras el estallido de la crisis económica. Extraigo unas frases de los tres primeros capítulos.

Artículo 1 del título preliminar: "España es un Estado Social y democrático". En ninguna parte explicita que sea un Estado Liberal de Derecho.

Artículo 14 del capítulo II: "Todos los españoles son iguales ante la ley". La doctrina Botín, el aforamiento parlamentario, el rescate bancario y los costes judiciales no lo hacen bueno.

Artículo 23 del capítulo II. Establece el "derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos". La enorme proporción de militantes de los grandes partidos en las administraciones y las numerosas sentencias judiciales condenatorias al respecto lo desmienten.

Artículo 28 del capítulo II. "Se reconoce el derecho a la huelga". El miedo al despedido inmediato ha convertido ese derecho en mera palabrería en innumerables empresas, especialmente en la hostelería y en muchísimos gigantes de la venta del textil. Ni enfermar se puede.

Artículo 31 del capítulo II: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". El régimen impositivo, los privilegios de las Sicav y las sucesivas amnistías fiscales lo niegan.

Artículo 35 del capítulo II: "Todos los españoles tienen (…) derecho al trabajo (…) y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Las últimas reformas laborales, los millones de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes y el hecho de que las mujeres cobren ahora lo que los hombres hace diez años (Granada Hoy, página 40, 4 de noviembre) muestran lo contrario.

Artículo 47 del capítulo III. "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias (…) para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". ¡Me parto! Durante décadas la especulación ha sido brutal, se han producido miles de desahucios, con suicidios incluidos, y no han faltado dirigentes europeos que recriminen a los poderes públicos el haber silbado mientras cundía la desgracia.

¿Sigo? Imposible. Falta periódico.