Paisaje urbano

Contaminación ideológica

El problema corre el riesgo de agravarse si, como es el caso, la clase política se degrada con actitudes cada vez más sectarias

Cuando en la radio del coche sintonicé la emisora, la conversación ya estaba empezada y, por el tono coloquial y desenfadado del entrevistado, lo último que podía pensar es que se trataba de un jurista de prestigio. Me refiero, claro está, a las insólitas declaraciones del teniente fiscal del TS, quien al hilo de su controvertido informe contrario a la admisión de las querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno (cuyo criterio, dicho de paso y desde la lejanía, comparto) criticaba sin reparo a destacados compañeros de ejercicio, con nombres y apellidos, acusándolos abiertamente de tratar de manipular su opinión y de estar ideológicamente contaminados.

Ciertamente, la contaminación ideológica en esta sufrida España no es un problema menor ni tampoco nuevo, y que corre el riesgo de agravarse cuando, como es el caso, la clase política se degrada con actitudes cada vez más sectarias. Se contamina mucho a una institución, por ejemplo, cambiando a su director para poner en su lugar al sociólogo de guardia del partido y miembro, además, de su Comité Federal, como se hizo con el CIS, una organización otrora prestigiosa en apenas un año totalmente desprestigiada por la falta de un mínimo sentido de la ética (y de la estética) del presidente del Gobierno.

Ese mismo presidente que, preguntado por la Fiscalía, se permitió responder, entre el cinismo y la chulería, que dependía de él. Naturalmente que cada gobernante promociona a personas de su cuerda, pero de ahí a nombrar fiscal general del Estado a la anterior ministra de Justicia va un abismo (ideológico) que sólo está dispuesto a traspasar quien tiene un sentido muy patrimonialista del poder. Después, cuando el Ministerio Público ha de pronunciarse sobre cuestiones espinosas, que por su función de garante de la legalidad ocurre a menudo, todas las miradas sospechosas se concentran en él, primando las cuestiones ideológicas sobre las jurídicas.

Por eso, determinados nombramientos deben recaer siempre en personas de reconocida solvencia que, pese a sus legítimas convicciones personales e ideológicas, sobrevuelen el debate público. De lo contrario, instituciones fundamentales llamadas a salvaguardar los fundamentos de la democracia corren el riesgo de perder su necesaria independencia, llevándose de paso por delante el prestigio de personas honorables por culpa de tanto insensato.

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