La anunciada medida prevista por el Gobierno para implantar un ingreso mínimo vital (vulgo renta mínima) destinado a los hogares más pobres va camino de convertirse en otra fuente de discordia, visto el molesto griterío que caracteriza el enconado patio de vecinos de la carrera de San Jerónimo. Y no debería, por muchas razones. La implantación de una malla de seguridad como última red de salvaguarda es uno de los elementos característicos de los sistemas de protección de la UE y todos sus miembros, con sus matices, la aplican. Soplan malos vientos de crisis que amenazan con llevarse por delante las maltrechas defensas de miles de conciudadanos. Reputados economistas de distinto signo se han pronunciado a favor, y hasta el papa Francisco aboga por ella sin reparo. ¿Dónde está, entonces, el problema?

No ayuda a rebajar la tensión y plantear el debate en sus justos términos, ciertamente, la actitud populista y demagoga del vicepresidente segundo, que desde primera hora lleva intentando llevar el agua a su molino, incluso inventándose presuntos acuerdos interministeriales de los que nada hubo, sin que nadie al parecer le llame al orden. Esta actitud prepotente y sectaria en realidad juega con la necesidad de tanta gente en beneficio de su proyecto totalitario y anticuado, y lo único que consigue es enfurecer a los que, desde el otro lado, ven en sus indisimuladas pretensiones el peligro cierto del clientelismo y la desincentivación, dos de los principales riesgos de la medida.

Saltando sobre ese campo de minas en que ha quedado convertido el debate engañoso de las redes sociales, uno puede dar sin problema con el informe que hizo el organismo público Airef a solicitud del anterior gobierno del PP a cuenta de la ILP planteada por los sindicatos en 2017, y cuyo director era, curiosamente, el ministro actual José Luis Escrivá. En aquel se abogaba por una renta mínima que atienda a razones de eficacia (el destino ha de ser sobre todo la pobreza severa), la eficiencia (el costo debe ser asumible por el Estado dentro de un marco de actuación más amplio) y el acuerdo institucional, evitando problemas burocráticos en su implementación junto a las comunidades autónomas. Un auténtico asunto de Estado, en fin, contra el lacerante problema de la pobreza y la desigualdad, que merece ser tratado por unos y otros con una altura de miras digna de tal causa.