Todo el mundo sabe que pelear contra la corrupción tiene un coste. En estos años en los que se han destapado decenas de casos de corrupción, hemos visto situaciones flagrantes con denunciantes que han sufrido acoso o que han tenido que aguantar persecución institucional o judicial. Esto es totalmente inadmisible y es fundamental que las leyes y los gobiernos protejan a aquellas personas que tienen la valentía de denunciar la corrupción.

En los casos granadinos ha habido de todo: personal municipal que era apartado o maltratado por denunciar la corrupción; el empresario honesto (como la mayoría) que, en lugar de aprovecharse de las prebendas del poder, denuncia la corrupción y es considerado un apestado; o el alto cargo de Emucesa que confirma la existencia de contratos fantasma denunciada por Marta Gutiérrez, y que es acusado de connivencia por quienes malversaron dinero público o miraron para otro lado.

Y la última barrabasada de quienes colaboran por activa o por pasiva con la corrupción es el secuestro de los recursos humanos y económicos del Grupo Municipal de Vamos, Granada por parte del PSOE. Hay que señalar que, a diferencia de otros partidos, esta propuesta granadina no utilizaba ni los fondos ni el personal del grupo municipal para mantener a la propia organización. Muy al contrario, tal y como se puede consultar en su página web, más del 90% de sus gastos han estado dedicados al enorme trabajo anticorrupción que ha conseguido que se investiguen en sede judicial tres de los cinco casos que ahora mismo juzgan los Gobiernos de Torres Hurtado y Sebastián Pérez.

Pero desde mayo de 2011 este país cambió para siempre, y cuando los aparatos institucionales tratan de acabar con la regeneración y la democracia, es la gente la que garantiza con su esfuerzo que lacras como la corrupción no sigan amenazando nuestro futuro. Por eso el grupo que dirigen Marta Gutiérrez y Antonio Daponte ha tenido la audacia de iniciar una campaña de crowdfunding (microdonaciones) para cubrir el coste económico de la única acusación que defiende los intereses de Granada en los casos de corrupción actuales, todo ello con el inestimable apoyo del fiscal jefe anticorrupción en excedencia, Carlos Castresana.

Yo ya he aportado mi parte y les animo a aportar lo que buenamente puedan, ya que, de lo contrario, los corruptos podrían irse de rositas en un ayuntamiento con un PP que se niega a pedir la dimisión de sus concejales imputados, un PSOE con poco interés en investigar, y un Cs que, teniendo tres juristas en su grupo municipal, no aporta nada contra la corrupción.