Parece que la razón última del problema que preocupa judicialmente al alcalde de Granada, Paco Cuenca; y desde hace en torno a un par de años; es, muy posiblemente, esa costumbre practicada repetidamente por los socialistas de la Junta de Sevilla de contratar -aparte del funcionariado- a varios miles de trabajadores en agencias de la propia Junta o de empresas externas, que a veces se ocupan de asuntos que, como en este caso, corresponden normativamente a funcionarios de carrera. Así, de paso, ya se sabe, pueden hacerse favores, susceptibles de ser cobrados luego, por millares. Y no hablo de dinero.

Paco Cuenca, está procesado -eufemística y legalmente investigado- por la contratación de una empresa, directamente, sin publicidad -con pocas luces y menos taquígrafos- cuando era delegado de Ciencia e Innovación de la Junta de Sevilla en Granada, para que los empleados de esta empresa -de la que sabemos poco- se ocupasen en realizar trabajos de inspección sobre determinados cursos de formación en economía social. ¡Ay los cursos de formación, cuantos quebraderos de cabeza! Y todo a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios que solicitó -¡qué atrevimiento!- a los jueces la investigación de esas contrataciones y causó el procesamiento, además de a Cuenca, de los delegados o exdelegados de tres provincias más y los jefes de servicio de dichas delegaciones de otras tres. Total, de todas las delegaciones de Andalucía, menos de Sevilla. ¡Poca cosa!, ¿verdad?

Cuenca se exculpa afirmando que todo se debe a una especie de obediencias debida pues fue, al parecer, una directora general la que pudo dar la orden a todos los procesados para hacer dichas contrataciones. Y ellos, como si de mulos de recua se tratase, obedecieron al tirón de las riendas sevillanas cascabeleras, en la seguridad y tranquilidad de que, con esa acción -¡qué buenos!- bajaría la lista del paro y serían, además, complacientes con los deseos de sus superiores de Sevilla.

Es de notar el empeño que Paco Cuenca pone, reiteradamente, afirmando ante la prensa que esto no es corrupción -debe entender, seguramente, que son habichuelas verdes- pretendiendo que el asunto se trate sólo como una cuestión administrativa, como si los billetes de curso legal -pocos o muchos- con que se ha pagado a las empresas en cuestión, no fuesen parte del erario público, es decir dinero de todos distribuido con la voluntad de uno solo. Y como si la Junta de Sevilla fuese un cortijo del PSOE -que lo es- en el que el señorito contrata a quien quiere, cuando quiere y porque quiere. ¿O no?