POR primera vez desde diciembre pasado el paro registrado en España se situó, al conocerse los datos del mes de junio, por debajo de la cifra psicológica de los cuatro millones de personas. El número de desempleados inscritos en los servicios públicos de Empleo es de 3.982.368 personas, tras reducirse en 83.834 parados en junio. Por tercer mes consecutivo, el paro baja y lo hace con una cifra que supone el mayor descenso mensual de los últimos cinco años y el mejor mes de junio desde 1997. Además, junio ha sido el quinto mes consecutivo en el que se ha producido un aumento de la afiliación a la Seguridad Social, con 23.884 cotizantes más, con lo que la cifra media de afiliados al sistema alcanza los 17.785.782. El dato del desempleo registrado el último mes es, por tanto, esperanzador, pero debe analizarse en el contexto de una época del año en la que el sector servicios crea empleo estacional. Desde el Gobierno no quieren, por ello, "echar las campanas al vuelo", en palabras de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien aun así opinó que los datos ponen de manifiesto que se está frenando la destrucción de empleo y que progresivamente "irán registrándose mejores cifras", aunque recomendó "prudencia". Coincidimos con el Ejecutivo en que hay que ser prudentes, la confirmación de que se ha cambiado de tendencia vendrá si tras el verano el paro registrado sigue descendiendo como en el trimestre anterior al estío. Así pues, los datos son aún insuficientes para decir que la destrucción de empleo ha terminado. De hecho, la patronal de las empresas de trabajo temporal (Agett), consideró ayer relevante el descenso del paro, pero advirtió de que esta caída es "completamente atípica" y "en absoluto" significa un freno a la destrucción de empleo y está lejos de la senda registrada un año de ciclo normal en el que la creación de empleo podía superar los 400.000 puestos de trabajo. En los próximos meses habrá que ver también qué efectividad tienen como dinamizadores del mercado de trabajo para crear empleo, en primer término, el decreto ley de la reforma laboral y, en segunda instancia, la modificación que éste sufra en el trámite parlamentario como proyecto de ley.