Ningún sistema electoral garantiza un procedimiento específico para determinar quién está legitimado para gobernar. De unas elecciones, (nos guste o no el método matemático preferido por el legislador), sólo podemos determinar a través del escrutinio el número de sufragios obtenidos por cada uno de los partidos que concurren a los comicios. Cuando hablamos de lista más votada, lo hacemos desde la legitimación moral, que no jurídica. Pretender otorgar carta de naturaleza jurídica al gobierno de la lista más votada, no sólo resulta contrario a la normativa, sino que pone en tela de juicio valores superiores del ordenamiento jurídico. Si la lista más votada no alcanzó esta mayoría, tendrá que buscar necesariamente apoyos directos o indirectos que le permitan pasar el trámite de la investidura. Cualquier otra interpretación, a día de hoy, es una mistificación de principios democráticos. A pesar de ello, soy partidario de esta reforma legal.

Sólo la regulación electoral de gobiernos municipales otorga ciertas dosis de legitimidad al gobierno de la lista más votada. La Ley Orgánica de Régimen Electoral regula en su artículo 196 que si alguno de los candidatos obtiene mayoría absoluta será proclamado alcalde, sea mediante pactos con otras fuerzas o en solitario. Y caso de que nadie lo consiguiera, será automáticamente elegido alcalde quien haya encabezado la candidatura que haya obtenido "mayor número de votos". Así que, caso de empate, cuentan las papeletas electorales. Nada más.

Sea en esta forma jurídicamente residual, sea por legitimidad moral, lo que a nadie escapa es que el ciudadano debe observar el mandato de una corporación con cierta autonomía que le facilite lo que pretende, que no es otra cosa que, simplemente, gobernar. Lo del gobierno de los técnicos (reminiscencia de aquellos nombramientos de ministros tecnócratas), no encuentra amparo ni cobijo legal, salvo, claro está, en situaciones de urgencia motivada (la falta de apoyo no es motivo) o situaciones transitorias de gobierno, con el fin de que las funciones esenciales en ningún caso se vean afectadas por una paralización. De otro lado, el ciudadano, conforme sucede en cualquier democracia, debe votar al menos creyendo que su voluntad sirve para algo, que conforma una suerte de obligación, siquiera moral, repito, a la que se deben los concejales electos.

Dicho esto, debe concluirse que, a pesar de que uno pueda considerarse lo mejor para esta ciudad, resulta esperpéntico pretender un gobierno de dos personas. Creo que para todo hay un límite, hasta para gobernar. Cuando no se conforma mayoría y ni tan siquiera formalmente representas una opción política que por su resultado electoral te otorgue cobijo moral, llega el momento de dejar paso a otras opciones. Es la esencia del juego democrático. No existe otra que podamos defender en el estado que nos hemos asignado.

Toca ejercer de granadino. Entender que una renuncia, a veces, también significa y dignifica a quien ejerce de granadino. Que no renunciar, conlleva paralización. Que el empecinamiento, provoca atascos, no sólo democráticos. Y que esta ciudad, bastante perdido tiene el Norte.

Mi máximo y profundo respeto personal por quien se entrega a esta ciudad. Pero estas, alcalde, Luis, son las reglas del partido y todos nos comprometimos, aunque nos pese, a jugar con ellas. Y no hay vuelta de hoja.