Res Pública

José Antonio Montilla

montilla@ugr.es

El Decreto ley de la estiba

Es una absoluta irresponsabilidad del Gobierno aprobar un Decreto ley sin haber negociado antes el apoyo de otros grupos

Esta semana se ha producido un hecho excepcional en nuestro Estado constitucional. El Congreso no ha convalidado un Decreto ley aprobado por el Gobierno y, en consecuencia, ha quedado derogado. Es una situación que sólo se había producido una vez en el ámbito del Estado. Sólo en el lejanísimo 1979 el Congreso rechazó un Decreto ley aprobado por el débil gobierno de UCD. El otro caso que aparece en los registros, el de 2006, fue fruto de un error en la votación prontamente subsanado.

Se ha hablado durante estos días de las consecuencias de este rechazo pues la reforma del sector de la estiba portuaria viene exigida desde la Unión Europea. Resulta paradójico que se rasgue las vestiduras ante esta situación el mismo partido que no apoyó el Decreto ley con medidas draconianas exigidas por la Unión Europea en 2010, cuyo rechazo hubiera provocado el rescate de una España devorada por los mercados. Pero, más allá del asunto concreto, la derogación de este Decreto ley refleja bien la actual situación política española.

Desde los tiempos de UCD no existía un gobierno con menos apoyo parlamentario. En esta situación no se pueden imponer decisiones, ni siquiera con la coacción del riesgo de una multa europea. Estamos en un tiempo nuevo y el Gobierno no termina de entenderlo. En este nuevo tiempo resulta muy arriesgado el uso del Decreto ley pues provoca un espejismo. Parece una herramienta útil para el Gobierno en cuanto permite la entrada en vigor de las normas tras su pacífico paso por el Consejo de Ministros. Sin embargo, en el plazo máximo de 30 de días tiene que ser convalidado por un fragmentado Congreso, donde todo es diferente. Por ello, es una absoluta irresponsabilidad del Gobierno aprobar un Decreto ley sin haber negociado antes el apoyo de otros grupos parlamentarios. Hasta ahora lo había hecho así, modificando su propuesta inicial, como en el caso de las cláusulas suelo, o incluso asumiendo propuestas de la oposición, como en el decreto ley que suspende las reválidas o en el de la pobreza energética. Sin embargo, en esta ocasión ha querido doblegar a la oposición con la amenaza de la multa europea.

Este Decreto-ley marcará un punto de inflexión. El Gobierno sabe que tiene dos caminos. Puede adaptarse a los nuevos tiempos y negociar cada una de sus iniciativas para no perder las votaciones o puede entrar en una irresponsable búsqueda de nuevas elecciones. Lo mejor para España es, sin duda, adentrarse en una época de diálogo y negociación, pero sabemos que lo mejor para todos no es siempre el criterio que guía las actuaciones políticas.

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