editorial

Desconfianza y legalidad

EL Tribunal Constitucional le corresponde, en un plazo ya perentorio, el último dictamen sobre el propósito del radicalismo vasco de participar en las elecciones del día 22. Los dos intentos promovidos por Batasuna han sido rechazados por el Tribunal Supremo. El primero, en marzo, al rechazar la inscripción en el registro de partidos políticos de la formación llamada Sortu, por estimarla heredera directa de Batasuna, ilegalizada por ser el brazo político de la banda terrorista ETA. El segundo, el pasado 1 de mayo, al vetar también la participación en la campaña electoral de Bildu. Aunque en ambos casos la votación en la Sala 61 del Tribunal Supremo ha registrado un resultado semejante, con una cualificada minoría favorable a la legalización, en la iniciativa de Bildu concurren circunstancias especiales: se trata de una coalición, no de un partido -la Ley de Partidos se refiere estrictamente a partidos-, y una coalición que integran dos partidos ya legales y democráticos (Eusko Alkartasuna y Alternatiba) y personas independientes. La argumentación del TS, basada en abundante documentación aportada en las impugnaciones de la Abogacía y la Fiscalía del Estado, se centra en el hecho de que estos independientes no son tales, sino miembros camuflados de la llamada izquierda abertzale, que han buscado y logrado la compañía de esas formaciones legalizadas, pero siendo los proetarras los que han diseñado la operación y se han reservado los puestos de salida en las listas electorales. Por tanto, la responsabilidad de quedar fuera de los comicios es de los dirigentes de EA y Alternatiba, que se han dejado "contaminar" por los amigos del terrorismo de ETA y aceptado un papel de sumisión y acompañamiento en el propósito de Batasuna-ETA de volver a las instituciones democráticas. En resumen, el Estado, a través del Supremo, ha venido a proclamar que no se fía de la reconversión de Batasuna y su apuesta por las vías políticas en el conflicto vasco. El Constitucional dirá la última palabra.

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