Más de uno cuestionará lo que digo. Dirán que no es ni más ni menos que resultado de nuestro estado de derecho. Pero uno seguirá entendiendo que si este estado no es capaz de reponer la credibilidad que un día perdieron bajo enfatizados titulares, si no repone la honorabilidad de quienes se cesaron en el cargo público, algo está fallando. La justicia es justicia cuando no pierde su fin de reparadora. Y en estos casos, nunca lo ha sido y entre todos, ocultamos la manera de que lo pueda ser.

Muchas aristas, y no todas tratables en pocas líneas. Si una acusación, en muchas ocasiones torticera, produce el cese en la ocupación del cargo público, y la absolución no repone su reocupación, no sería descabellado concluir que el Estado y/o la acusación particular o privada puede haber incurrido en responsabilidad y, cuando menos, debiera resultar incuestionable el acceso indemnizatorio (responsabilidad quasi objetiva). Si no, seguiremos permitiendo y dejando impune que se juegue políticamente con la justicia, bajo perversas formas de judicialización.

No cuestiono con ello la exigencia de un modelo de estado donde justicia e investigación judicial deben seguir siendo eje vertebrador de nuestro estado de derecho. En modo alguno. Pero tan legítimo y democrático como la investigación penal, cuando la pena más grave no termina siendo impuesta por el propio tribunal, cuando se ha recibido excesivo castigo mediático no siempre amparable en la vis pública del ofendido (lo que vende, vende), cuando resulta de imposible reposición el status público desarrollado a través de carreras políticas o funciones públicas, por un lado, o crédito mercantil, por otro; tan legítimo como todo ello, el que se arbitren mecanismos de compensación e incluso en muchos casos, más de los que se debiera, de depuración de responsabilidades.

Mucho hemos hablado, pero ninguna solución implementamos para procurar evitarlo. Vista la tónica de aumentar penas o crear delitos nuevos, quizá haya que castigar penalmente y/o inhabilitar a quienes revelen el contenido de un procedimiento o judicialicen la política. En cualquier caso, lo que no podemos es cruzarnos de brazos y responder con que "son gajes del oficio". Porque no lo son ni nunca podrán serlo si se cuestiona la honradez de los investigados.

Paul Auster decía: "Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia". Reponer profesión, reparar dignidad, devolver lo que en nombre de una desviada justicia un día arrebatamos. En esas estamos aún, y nadie se toma la más mínima molestia en repararlo.