Todo el mundo sabe que la corrupción es básicamente el robo del dinero que pagamos la mayoría a través de los impuestos. Como todos los ladrones, los corruptos deben ser juzgados y condenados, y como todos los robos, los organismos competentes deben tomar medidas para evitar que vuelvan a cometerse.

Además, se puede reclamar el dinero robado a quienes se lo llevaron o a quienes miraron para otro lado. Este aspecto no es baladí, pues en la corrupción como en todos los delitos de guante blanco se suelen manejar cifras con seis ceros.

El pasado 28 de Diciembre tras la reclamación por parte del gobierno de Manuela Carmena, el Tribunal de Cuentas condenaba a Ana Botella y a otros altos cargos a pagar 125.000.000 de euros, por la pérdida de dinero público en la venta a precio de amiguetes de 1.860 viviendas sociales municipales. Aunque parecía una inocentada, afortunadamente se trata de una realidad jurídica que debería considerarse más a menudo. De esta manera los corruptos pagarán literalmente por lo que han hecho y el resto podremos recuperar una porción de lo robado para disminuir las enormes deudas y los recortes en los servicios públicos resultantes de su mal gobierno.

La portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, junto con representantes de la Asociación Granadina Contra la Corrupción, pidieron al gobierno municipal que haga reclamaciones similares a quienes se lucraron con la corrupción y a quienes lo permitieron. Para ello deben hacerse de una vez por todas las auditorías que prometió el nuevo gobierno municipal, pues toda vez que ya conocemos a los corruptos, en ellas se podrá saber cuánto dinero nos ha costado el robo.

Por ejemplo, es urgente evaluar los beneficios que han obtenido los promotores del Serrallo y del Pabellón Mulhacén que compraron suelo para equipamientos públicos y ahora lo utilizan para actividades comerciales.

También es fundamental analizar e iniciar la recuperación del pago de las indemnizaciones millonarias que como si fuera la lotería sin sorteo les han tocado a algunos privilegiados. Por ejemplo los 16.000.000 de euros pagados por el Ayuntamiento a Construcciones Vargas por un terreno calificado como zona verde o en otro ámbito competencial los 165.600.000 de euros que la Junta debe abonar a Tomás Olivo después de que los letrados autonómicos no fueran al juicio en el que se les reclamaba dicha cantidad.

Seguramente no vamos a conseguir que devuelvan todo lo que nos han robado, pero con poco que recuperemos se podrá hacer mucho por nuestros servicios públicos, y además así algunos se lo pensarán mejor antes de robar o dejar que otros lo hagan.