Cómo todo el mundo sabe, el viernes pasado se levantó el secreto de sumario del Caso Nazarí. La complejidad de las actuaciones judiciales supone que todavía queden muchos puntos por aclarar, pero las pruebas que hasta ahora hemos conocido son tan claras que incluso el propio Partido Popular se hace por fin el indignado. Es curioso porque el mismo partido que ahora presume de haber suspendido de militancia a sus imputados, antes hablaba de presunción de inocencia. Y sin pestañear ni un momento, en el PP dicen que estudian personarse en la causa porque se han visto afectados… al perder la alcaldía.

Siguiendo este planteamiento, hasta Sebastián Pérez debería personarse en la causa porque su dimisión del Ayuntamiento fue culpa de Torres Hurtado y en realidad es él quien ha perdido la alcaldía, quizás para siempre…

Pero intuyo que el presidente del PP quiere alejarse al máximo de este asunto y de los juzgados granadinos. Porque, entre la enorme información de este sumario, Sebastián Pérez aparece señalado como conocedor de los asuntos que se estaban cociendo en el Ayuntamiento de Granada. Como primer teniente alcalde y presidente del Partido Popular, lo lógico es que se enterara de lo que ocurría en un área clave para la gestión municipal como es urbanismo, antes, durante y después de su mandato como presidente de la Diputación.

Ante la envergadura de las acusaciones iniciales, algunos señalamos hace meses la responsabilidad política de quien había ostentado cargos importantes en el Ayuntamiento y en el partido aunque, en lugar de destituirlo, lo volvieron a colocar en el Senado otorgándole su aforamiento como a Rita Barberá. Quizás ahora empieza a percibirse que pudo haber responsabilidad judicial, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Será la justicia la que dictamine lo que ha ocurrido aunque, mientras tanto, la sombra de la sospecha recae en quien dirige una de las patas del bipartidismo en la provincia. Por decencia democrática, Sebastián Pérez debería dimitir y facilitar la regeneración de su partido y de la política provincial. Los gobernantes deben ser ejemplos éticos para la ciudadanía, no lo contrario.

Y los gobernantes deben actuar también mejorando la transparencia de las instituciones y cuestionándose la planificación y la gestión, máxime cuando se produce un caso de corrupción como este. Desde el primer momento la concejala Marta Gutiérrez señaló la necesidad de que el Ayuntamiento cambiara su política urbanística y la hiciera más transparente. Necesitamos saber lo que ha ocurrido, para que nunca vuelva a ocurrir, y necesitamos que cambie un modelo de ciudad que tiene en su esencia la corrupción que ahora se ha destapado.