Palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Disparates

ES difícil escribir un artículo sobre lo que está pasando en el Ayuntamiento de Almuñécar. El fangal es tan grande y tiene tantos vericuetos que cuesta dios y ayuda orientarse sin ser engullido por las arenas movedizas dispuestas en el laberinto diseñado por el veterano alcalde. Tengo la sensación de que todo allí es anómalo, que cualquier decisión tiene un doble o triple fondo que contradice su apariencia y que deriva en un sendero oculto que, a su vez, se bifurca en otros muchos y recónditos conductos. Supongo que si algún día la justicia logra abrir una brecha en la muralla jurídica de Juan Carlos Benavides y descubre la red de intereses que conectan una decisión con otra nos preguntaremos, aturdidos, ¿cómo se ha tardado tanto tiempo en actuar?, ¿cómo hemos sido complacientes con tanto disparate?

Porque disparate es casi todo, incluido el referéndum sobre el plan de urbanismo de Almuñécar que sólo ha servido para debilitar la ya deslucida idea que tenemos sobre la utilidad de los mecanismos de participación popular y, en concreto, sobre los referéndum. ¿Para qué vale un referéndum?, se preguntarán ahora los almuñequeros. ¿Para apuntillar las cuentas del municipio?, ¿para retener las nóminas de los trabajadores?, ¿para darle oxígeno político a un alcalde cercado por las denuncias? Las consultas populares son unos instrumentos extraordinarios, pero siempre que se utilicen con fidelidad al espíritu de participación democrático y no encubran intereses turbios y consecuencias aún más indigestibles.

¿Y qué escribir sobre la declaración de quiebra del Ayuntamiento? Al menos queda clara una cosa: si un alcalde ha declarado a una institución en "suspensión de pagos" es porque piensa, como se suele decir, que el Ayuntamiento es su cortijo. Y, claro, los cortijos, como cualquier explotación ganadera privada, pueden suspender los pagos.

Pero ¿por qué suspende pagos? Porque, dice el alcalde, la Diputación no cobra los tributos municipales. Por eso, Benavides ha ordenado a su ayuntamiento que se salga del la recaudación provincial y contrate para este menester a una sociedad alternativa. ¿Qué sociedad? La empresa del concejal del PP Francisco Ledesma, ese mismo que ha sido expeditado por no respaldar la desatinada (e inútil) moción de su partido contra Benavides. Una moción, por cierto, sospechosísima, pues el principal promotor (el PP) se compromete, en caso de lograr la alcaldía, a respetar a Benavides al frente de la mancomunidad de la Costa.

¿Qué extraños lazos e intereses mueven ese mecanismo disparatado y protervo? Por muy chistoso que sea es una ingenuidad quedarse en la famosa motillo del alcalde. ¡Motos a él!

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