LA aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para el proyecto de extracción de gas natural de los yacimientos existentes en el subsuelo de Doñana y la posterior utilización de esos mismos depósitos para el almacenamiento de gas ha levantado una polémica de varios días desde que los periódicos del Grupo Joly dieran cuenta de ello en su edición del pasado martes. El plan de la compañía Petroleum Oil&Gas España (Gas Natural) incluye la construcción de un gasoducto de 18 kilómetros, parte de cuyo trazado aprovecharía el espacio ocupado por uno ya existente. La noticia contaba y cuenta con diversos perfiles que la hacen especialmente atractiva y que explican la sucesión de pronunciamientos en favor y en contra de un proyecto que, pese a la sorpresa que algunos parecen manifestar, inició su tramitación en el año 2006. No se trata, por tanto, de una idea peregrina, sino de un plan que viene de lejos cuya puesta en marcha requerirá una inversión estimada de 200 millones de euros. La aprobación de la DIA, tras ser estudiadas las alegaciones presentadas por trece instituciones, colectivos y hasta un particular -entre los que no figuran, por cierto, algunos de quienes más oposición muestran ahora, caso de Izquierda Unida- es un trámite más en un proceso que requiere aún de la Autorización Ambiental Unificada, dependiente de la Junta de Andalucía, y del permiso final que, en función de todos los pronunciamientos anteriores, corresponderá en su momento al Ministerio de Industria. Es obvio que las administraciones deben velar ante todo por la preservación de un espacio privilegiado como Doñana y que existen importantes obstáculos medioambientales al tratarse el área afectada de una zona de cría de especies en peligro como el lince ibérico, la cigüeña negra o la nutria, entre otras muchas. Pero también es cierto que la Estación Biológica de Doñana consideró durante el proceso de información pública que el promotor "parece haber adoptado un diseño que ofrece garantías suficientes para que se realice con el menor impacto posible" y que la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta, en 2009, mantuvo que las actuaciones previstas "no son incompatibles con la conservación de los valores del Espacio Natural de Doñana si se incluyen las medidas que se determinen desde este organismo", a la vez que en noviembre 2011 dio vía libre a la tramitación en el Consejo de Participación de Doñana. Es preciso, por tanto, huir de valoraciones superficiales, tanto de las que anteponen la creación de empleo a otras consideraciones como de las que sostienen sin más que el proyecto debe ser rechazado.

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