EL ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo oficial ayer la postura del Gobierno en relación con el último comunicado de ETA: no cambiará un ápice la política antiterrorista de firmeza ni dará origen a ningún diálogo con la banda. Con este posicionamiento se cierra el círculo de reacciones provocadas por el anuncio de la organización terrorista en la BBC de que hace meses que habría decidido una tregua en sus acciones violentas que ni siquiera ha satisfecho las aspiraciones de su frente político, ansioso de un alto el fuego definitivo que le permita volver a la legalidad y concurrir a las próximas elecciones municipales. Las reacciones han sido esta vez unánimes, pero en esta ocasión sin matices ni especulaciones. Ninguna fuerza política democrática ha utilizado la declaración etarra para cuestionar la política del Gobierno ni ha dejado una puerta abierta a la posibilidad de un nuevo proceso de negociaciones. Todo el arco parlamentario ha respondido a la iniciativa etarra de modo semejante: negándole cualquier credibilidad y explicitando que la única declaración digna de atenderse será aquella en la que ETA se declara incondicionalmente dispuesta a abandonar la violencia y disolverse. Desde el punto de vista social, el anuncio de los terroristas ha sido acogido en todo el país con indiferencia y hastío. Todo hace indicar que ETA ha dejado de influir en la vida colectiva de los vascos y del resto de los españoles. Su extrema debilidad en todos los aspectos, desde el político al social pasando por el organizativo, le ha de conducir necesariamente a la convicción de que, después de más de ochocientas víctimas, su trayectoria se salda con un fracaso total y definitivo. No les queda otro horizonte que la disolución y la entrega de las armas. Incluso en el entorno abertzale se cuestiona, con la ambigüedad y cobardía propias de ese mundo, la oportunidad de continuar con el crimen y el chantaje. La derrota de ETA se aproxima inexorablemente y sólo cabe reafirmar que la unidad sincera que hoy muestran todos los partidos y agentes sociales ha de mantenerse y reforzarse como garantía de que la causa de la democracia termine venciendo a su mayor enemigo.