La tribuna

Rogelio Velasco

Economía del estado de la Nación

COMPRENDO la opinión, bastante generalizada en los medios, de aquéllos que creen que el Gobierno central está adoptando medidas improvisadas, tomadas de manera irreflexiva: las repetidas ocurrencias que se citan del presidente.

No puedo pensar que, personalmente, el presidente del Gobierno de un país europeo se levante por la mañana y la primera idea que se le venga a la cabeza la transforme en una norma. Además, Zapatero no sabe de economía -es abogado-. Es el equipo del Ministerio de Economía, formado por profesionales competentes, antes y ahora, el responsable de diseñar la política económica.

Otra cosa es que, desde el reconocimiento -públicamente tardío- del inicio de la crisis, las medidas adoptadas se hayan tomado de manera secuencial y no como un paquete inicial coherente, en un bloque, lo que hubiese ofrecido a la opinión pública la imagen de que se sabía lo que se estaba haciendo y se actuaba de una vez por todas y coherentemente.

No hay ningún gobierno de los países que más están sufriendo la crisis que haya actuado de esa forma, por dos motivos fundamentales. Primero, porque el alcance y profundidad de la crisis es imposible de prever una vez iniciada. Y segundo, porque sería disparatado utilizar todo el arsenal de herramientas fiscales desde el principio, para después quedarse sin munición adicional sólo unos meses más tarde.

En estas mismas páginas, en noviembre, calculábamos que el impulso fiscal que el Gobierno central debería aportar a la economía, debía alcanzar, aproximadamente, unos 85.000 millones. Ésa es la cifra que, de manera global, el Gobierno ha calculado de manera efectiva, para cerrar la brecha entre el crecimiento real (que es negativo) y el potencial, sin que se generen tensiones inflacionistas. Finalmente, se elevará por encima de los 100.000 millones por la peor evolución del desempleo que lo que se había previsto.

Las medidas anunciadas en el Debate sobre el Estado de la Nación, no comportan un crecimiento significativo del gasto público y contiene cuatro vertientes fundamentales.

Primero, ayudar de manera adicional a un importante sector industrial como es el del automóvil. Estimamos que el coste para la Hacienda central será de unos 1.500 millones, si tiene éxito.

Segundo, estimular la entrada de turistas, suprimiendo alguna tasa aeroportuaria, para aliviar los daños en nuestro principal sector.

Tercero, intentar dar la salida más rápida posible al stock de 800.000 viviendas que están sin vender, anunciando la supresión de la desgravación dentro de dos ejercicios, estimulando la compra durante el corriente y el próximo.

Y cuarto, reducir la presión fiscal de las pymes bajo determinadas condiciones.

Sólo la reducción anunciada del gasto corriente de 1.500 a 2.500 millones va a compensar las dos primeras medidas. La tercera es neutral durante este año y la última es la única que puede dar una dentellada más al presupuesto.

Pero más allá de los aspectos fiscales, ¿van a impulsar la actividad económica las medidas anunciadas? Éstas no son las más importantes de cuantas están efectivamente operando en la economía. Con enorme diferencia, la aceleración y el incremento del gasto en infraestructuras, el plan E implementado por los ayuntamientos y las ayudas al desempleo son los que más están contribuyendo a que la actividad no se deteriore aún más.

Las medidas anunciadas, por tanto, hay que ponerlas en el contexto de lo que se ha hecho hasta ahora y no de forma aislada. ¿Cómo valorarlas? Una política fiscal eficiente para combatir la crisis tiene que ser duradera, diversificada, potente y sostenible. Porque la crisis se han instalado para durar; porque los instrumentos fiscales que se utilizan tienen un impacto difícil de prever y, en consecuencia, es mejor diversificar los instrumentos a utilizar uno solo; potente porque la magnitud de la crisis lo requiere y sostenible porque la deuda que se emita hay que pagarla.

Creo que las tres primeras condiciones se cumplen, aunque haya algunas en particular que carezcan de sentido. Más ordenadores para los alumnos no mejoran la calidad educativa.

La última condición, la sostenibilidad, es la que debería empezar a preocupar al Gobierno. El volumen de gasto no se puede incrementar más este año y, a partir del próximo, sólo podremos emitir la deuda que el mercado crea que es sostenible y pagable.

Una reflexión final. Dada la estructura del Estado, se concentra en exceso el papel de salvador en el Gobierno central. Debería apelarse a la contribución de las CCAA -dentro de sus posibilidades- para que adoptaran medidas eficientes y amortiguadoras de la crisis. Es una tarea de todos.

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