EL caos aéreo provocado durante dos días por la huelga salvaje de los controladores ha dejado a España sumida en el desconcierto, a más de 600.000 personas con su vida diaria partida por la mitad y a la imagen de nuestro país, que no pasa precisamente por sus mejores momentos debido a la crisis económica, muy deteriorada. El Gobierno, al que se ha querido someter a un chantaje inadmisible, ha dado una respuesta contundente con la declaración del estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia. Un mecanismo plenamente constitucional para hacer frente a situaciones de emergencia. Con ello ha doblegado la rebelión de un colectivo que, con su intolerable actitud, ha quedado desautorizado a ojos de la opinión pública. Las medidas excepcionales adoptadas por el Ejecutivo -encabezado por Rubalcaba y con Zapatero desaparecido- se han demostrado efectivas y durante la tarde de ayer comenzaron a reincorporarse a sus puestos una parte de los controladores, lo que permitió la salida de los primeros vuelos. El daño causado, sin embargo, es tremendo. E irreparable: familias tiradas en los aeropuertos españoles durante horas, gente atrapada sin poder viajar a su destino o ver a sus seres queridos, vacaciones frustradas y un largo rosario de historias humanas que ejemplifican cómo la actitud insolidaria de un colectivo profesional -uno de los mejores pagados de Europa- puede hipotecar la vida de toda la sociedad española. La normalidad no podrá ser plena en los aeródromos al menos hasta dentro de dos días, ya que muchas compañías, como Iberia, decidieron suspender todos los vuelos que tenía programados a la vista de la incertidumbre existente. Las pérdidas económicas para empresas y particulares son injustas y especialmente dolorosas dada la actual coyuntura. No existen precedentes de un intento similar de huelga salvaje, capaz de poner a todo el país al borde del caos, hasta el punto de obligar a la intervención del Ejército y la Fiscalía y advertir a los controladores que su actitud no sólo es sancionable por la vía laboral, sino punible por la vía penal y ahora por el Código Militar. Con independencia de que la normalidad vuelva a los aeropuertos durante las próximas horas, el salvaje desafío de los controladores al país, que hace tiempo que superó lo razonable, debería implicar sanciones y castigos. No se puede dañar así a toda la sociedad y quedar impune. No debe salirles gratis.