Control parental es una forma de designar la educación de los hijos por sus padres en la era digital limitando el uso de los aparatos que transmiten imágenes y mensajes. De ahí el concepto se ha extendido, originando una importante polémica política, al derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos. Incluso negando su asistencia a actividades escolares complementarias.

En lo primero hay un acuerdo unánime. Ayer informamos, por ejemplo, de la campaña de iniciación y sensibilización del Instituto Nacional de Ciberseguridad, en colaboración con la Asociación de Internautas, la Ceapa y la Concapa (la segunda, autodefinida como no confesional, progresista e independiente y, la tercera, de carácter confesional católico), para dar a conocer a las familias de una manera cercana y sencilla las posibilidades de uso de las herramientas de control parental. Nunca lo mejor y lo peor de lo que el ser humano es capaz ha estado tan alcance de la mano infantil o juvenil que maneja un dispositivo. Nunca lo objetivamente dañino desde el punto de vista de una ética universal compartible por todos ha penetrado en los hogares poniéndose al alcance de quienes, por razón de edad, están indefensos ante ello.

En lo segundo, el derecho de los padres a ofrecer a sus hijos una educación moral basada en los valores -de raíz religiosa o no- que estimen positivos, no hay acuerdo. Que un partido de la derecha radical populista haya alzado esta bandera como propia no ha hecho sino complicar la cuestión, trasladándola del ámbito moral al político. Como también la ha complicado el actual PSOE y su socio de la izquierda radical populista. A los excesos de Vox con la cuestión del pin parental se corresponde el exceso de la afirmación de Celaá: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres". Pertenecer como un objeto del que se dispone libremente no, desde luego. Pero pertenecer como obligación educativa, sí. Y en esta obligación entra la educación moral y en valores que cada persona o familia quiera ofrecer a sus hijos. Siempre, por supuesto, respetando los límites establecidos por la Constitución. A quien no pertenecen los hijos, salvo en las dictaduras, es al Estado. Los únicos valores en los que este tiene la obligación de formar incluyéndolos en el programa educativo son los constitucionales.