Era sólo un trámite más. Hace unos días, el Parlamento andaluz sometió a votación la proposición de Ley de Garantías de Recursos para el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). La proposición era el resultado de más de un año de trabajo por parte de padres, madres, docentes, educadores, voluntarios y asociaciones implicadas en el día a día de estos alumnos con un único objetivo: que los recursos necesarios para cumplir lo que las sucesivas leyes generales de educación prevén respecto a la integración de este alumnado estén garantizados por ley en Andalucía. Se trataba, en fin, de dar contenido a estos supuestos: que cada centro contara con un docente de pedagogía terapéutica y otro de audición y lenguaje, que en cada aula específica hubiese un técnico de orientación social, que se dotara de intérpretes de lenguaje de signos a las aulas en las que estudian alumnos con necesidades auditivas, que se redujeran las ratios allí donde las NEAE así lo requieren, que los centros con más alumnos pasaran a tener de uno a dos orientadores y otras medidas. Lo que parecía una conquista ya en la proposición presentada por Adelante Andalucía quedó en agua de borrajas con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, cuyos portavoces no han terminado de explicar sus razones para votar en contra.

O sí. Algunos parlamentarios han apelado a la normativa ya vigente en materia de educación, así como a las inversiones consignadas en los presupuestos, como suficiente garantía. Pero sus señorías saben bien que eso no es cierto. Sin un instrumento legal que dictamine la dotación de los recursos necesarios, el texto de esa normativa queda en apenas una declaración de principios sin aplicación práctica ninguna. Y, en la escuela, educar es hacer. Eso quiere decir que a un alumno con sordera no le sirve de nada que una ley general contemple sus derechos si no se le garantiza la contratación de un intérprete de signos. Ahora, sus señorías, si quieren, pueden imaginar el infierno que significa para estos alumnos ir cada día a una clase en la que no pueden adquirir los conocimientos por mucho que pongan de su parte y la frustración que ese mismo infierno genera en sus maestros. Pero si el Gobierno andaluz hubiese mostrado hacia estos alumnos una mínima parte de la sensibilidad mostrada, por ejemplo, a las cofradías, y que Dios me perdone, entonces estaríamos hablando de políticas sociales.

Es difícil digerir esto, pero la educación pública en Andalucía, muy a pesar de sus profesionales, no es un derecho universal. Igual el criterio elitista venía por aquí.