LA reforma del sistema de pensiones pasó ayer el fielato del Congreso de los Diputados, cuya Comisión de Trabajo e Inmigración, con competencia legislativa plena, aprobó el proyecto de ley correspondiente gracias a los votos del PSOE y los nacionalistas catalanes de CiU.

De modo que la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social -poniendo nombrecitos somos únicos- ha salido adelante, a expensas de que lo confirme el Senado, y en ella se incluye el consabido retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. Uno de los ajustes antisociales más temidos por la mayoría.

La ley ha traído incorporado, sin embargo, un elemento positivo que va a beneficiar a uno de esos colectivos olvidados tradicionalmente por gobernantes, legisladores y público en general: la integración de las empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social a partir del 1 de enero próximo. La equiparación es fruto de uno de los escasos acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos en esta etapa de desafección creciente, y quizás irreversible, y fue introducida como enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista.

En realidad la norma se refiere a los empleados del hogar, aunque el hecho cierto es que nueve de cada diez miembros de este colectivo laboral son mujeres (y casi un tercio, extranjeros). Por eso se habla de empleadas. La Encuesta de Población Activa revela que son más de 700.000 los que trabajan en el servicio doméstico en este país, la mayor parte sin cotizar y de manera clandestina o semiclandestina, con lo que eso supone de facilidades para el abuso y la explotación.

La adscripción progresiva de estas empleadas al régimen general de la Seguridad Social les va a significar un gran avance en su dignificación como trabajadoras y en sus condiciones de vida. Obligará al empleador a darles de alta en la SS y firmarles un contrato que establezca el número de horas de trabajo, el salario mensual o por hora, la pernoctación o no, etcétera, y al Estado a darles cobertura por incapacidad temporal a partir del noveno día de la misma. En definitiva, un paso necesario para la normalización de un trabajo que ha de ser como cualquier otro y que socialmente no lo ha sido nunca. Por la propia dispersión de quienes tradicionalmente lo desarrollan y por la resistencia de sus empresarios.

Ha tardado unos años el Pacto de Toledo en lograr la vigencia de uno de sus más arduos propósitos: integrar los regímenes especiales de ciertos empleos en el régimen general de la Seguridad Social o en el de autónomos. Los penúltimos fueron los agricultores por cuenta propia y los jornaleros. Pero los últimos van a ser los empleados del hogar. Más bien las empleadas.