EL principal problema al que se enfrenta la sociedad española es el cambio acelerado que se está produciendo en su estructura poblacional. El dato procede del informe La situación de las personas mayores en España, realizado por el Imserso: en 2050, los mayores de 65 años alcanzarán el 36% de nuestra población (15 millones de personas). Hoy somos, precisa el estudio, el cuarto país más envejecido del mundo; pero, de no potenciarse estrategias decididas de fomento de la natalidad, sin duda, afirma, llegaremos a ser los líderes. Añadan a ello un factor agravante: lo que llaman el "envejecimiento del envejecimiento", esto es, el veloz aumento de los nuestros que viven más de 80 años.

Tan inquietante panorama deriva paradójicamente de un éxito: por una parte, nuestra esperanza de vida es altísima; por otra, hemos logrado la plena incorporación de la mujer al mercado laboral. Esos dos elementos, de por sí gratificantes, van configurando sin embargo un país de viejos, sin niños, en el que nadie se muestra sinceramente interesado en prevenir y atajar los riesgos futuros.

Es obvio, y más en un contexto de crisis, que será muy difícil mantener el nivel de pensiones actual. Con un número menguante de ciudadanos activos y otro, en crecimiento exponencial, de ciudadanos pensionados, el sistema acabará reventando. No vale, ante ello, cerrar los ojos y confiar en no se sabe qué milagro. Me asombra que la clase política no tenga colocado semejante reto en el primer renglón de su agenda: en las próximas décadas faltarán recursos para garantizar una vejez digna y nada, al menos nada eficiente, parece estar haciéndose.

Entre los propios expertos, las pocas ideas que surgen no dejan de resultar pintorescas: incrementar la edad laboral, por ejemplo. Fácil ¿no? Muramos todos en el tajo y adiós al agobio. Hay quien, con pragmatismo desalmado, se atreve incluso a proponer que se pague en cada coyuntura "lo que se pueda". Un genio, oiga, un virtuoso de la planificación y de la sensibilidad social.

Es cierto que perder población no es necesariamente malo. Pero también lo es que no prepararse para el nuevo escenario, dilatar la toma de decisiones o no repensar (¿sería ilógico modular la cuantía de las pensiones según el número de hijos?) el sentido último del esfuerzo colectivo supone una gravísima irresponsabilidad histórica, una pavorosa dejación de funciones de la que todos, casi mañana, terminaremos siendo víctimas.