EL próximo sábado, 11 de junio, los municipios españoles constituirán las corporaciones que proclamarán los gobiernos que los gestionarán hasta 2015, cuatro años que constituirán un período crucial para los ayuntamientos, toda vez que se trata de una institución -la más próxima al ciudadano- cuya frágil situación financiera se ha agravado todavía más en la pasada legislatura, a cuenta de la crisis económica, con ejemplos rayanos, cuando no abocados, en la más pura y dura bancarrota: impagos de nóminas a las plantillas de trabajadores municipales y deudas estratosféricas a proveedores oscurecen el futuro desarrollo de muchas ciudades y pueblos, ahora en vísperas de un cambio de gobierno. En Andalucía, los habitantes de 272 municipios aguardan que los partidos que concurrieron a las elecciones locales del 22 de mayo y que obtuvieron votos alcancen un acuerdo que posibilite un gobierno estable en el Consistorio. Ninguna formación política consiguió en ellos la mayoría necesaria para hacerse con la Alcaldía por sí sola. Por lo tanto, se impone la negociación que concluya en un pacto. El acuerdo es justo y necesario. Y los partidos están obligados a cumplir con la exigencia que les demandan los votantes de dotar a su ciudad o a su pueblo de un gobierno local con fortaleza y solidez dispuesto y capaz de afrontar los retos de la dura etapa 2011-2015. No caben, pues, enjuagues ni componendas en las mesas de negociación. No hay lugar para que de esos contactos surja un gobierno presidido por el candidato de las siglas que menos sufragios obtuvo en las urnas y que la estrategia partidista, intoxicada por el chantaje de la minoría, se imponga al interés general. Hoy más que nunca y de cara a su propio futuro, estos ayuntamientos, cuyo equipo de gobierno nacerá de acuerdos entre los mismos partidos que hasta el 22-M se enfrentaron con uñas y dientes, precisan de una gestión firme, contundente y estable, y su legitimidad estará fuera de toda duda siempre y cuando responda a la voluntad popular.

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