Palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Fatalidad

Aveces los tiempos ruedan mal, y basta. Y el Ayuntamiento de Granada parece envuelto en un hado adverso. La sentencia que declara ilegal la expropiación de terrenos del Campus de la Salud, y manda resarcir a los damnificados, pende como un sable sobre el ya mermado presupuesto municipal. Los socialistas calculan que las indemnizaciones alcanzarán los 18 millones, mientras que el PP las reduce a dos. Don Óptimo y Don Pésimo enzarzados como en el tebeo pero por razones de estrategia política. Al PSOE le interesa inflar la pifia y al PP, deshincharla. Ya habrá tiempo de rectificar cuando los tribunales describan cómo hay que ejecutar la sentencia. Sea cual sea el montante de la compensación, hablamos de dinero público, es decir, de dinero para hacer funcionar la ciudad y al margen de quién tuvo responsabilidad directa en el desatino, la hacienda pública es neutra. El único actor estable es la víctima; los administrados.

La segunda estocada ha venido desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El fundamento del segundo chasco es, digamos, más político. El Ayuntamiento de Granada hizo sus propios cálculos sobre cuántos millones debía recibir del Estado para compensar la cancelación del Impuesto de Actividades Económicas. Fijó los millones a su albedrío y arbitrariamente los fue anotando en el debe en los presupuestos municipales correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005. Ahora, una vez establecida la deuda, que coincide con las cantidades transferidas en su momento por el Estado, hay un desequilibrio contable de quince millones de euros. Don Óptimo y don Pésimo se han apresurado a dar sus puntos de vista contrarios.

Mientras, para matar el gusanillo, el Ayuntamiento aguarda el apocalipsis del Día de la Cruz con un ojo puesto en el botellódromo y el otro en internet, esa caja de Pandora de los tiempos de hoy. La fortuna tampoco parece de cara. Eso sí, en medio de las incertidumbres contables, la ley seca, que se ha cobrado como daño colateral el rebujito y el canapé de los rocieros locales, parece más una concesión a la sobriedad presupuestaria que una operación de orden público. Además, la retórica del alcalde va recaudando nuevos perjudicados. El último, los cordobeses, que no dan crédito a la recomendación para que los bebedores molestos campen por su ciudad y dejen tranquila Granada. ¿Qué tiene Córdoba para que Torres Hurtado la haya elegido para el éxodo?

Sí, cada vez que habla el alcalde sobre el botellón sube el pan. ¡Así anda el precio de la barra! Y para disimular una situación tan desalentadora en términos generales, el Ayuntamiento ha ordenado arriar el caballo de Pérez Villalta.

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