Quizá nuestra vicepresidenta no recuerde el artículo 14 de la Constitución. Que lo desconozca es difícil ya que es doctora en Derecho Constitucional. Pero puestos a olvidar o mentir no es la única. No es cierto que la defensa de los derechos de la mujer sólo haya sido causa de la izquierda como pretende el Manifiesto del 8M. Desde las sufragistas hasta hoy no abundan las grandes lideresas en ese espacio político, salvo Rosa Luxemburg y Pasionaria. Y sin embargo, Simone Veil, judía y liberal es todo un símbolo. Golda Meir presidió el gobierno israelí a fines de los sesenta y aunque laborista, la izquierda española, siempre tan propalestina como antisionista, no la tiene entre sus referentes. En Europa fue Mrs. Thatcher la primera mujer en presidir un gobierno y tras ella, las señoras Pintasilgo en Portugal y Bruntland en Noruega. Tres mujeres, tres ideologías.

La igualdad entre todos los ciudadanos, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal que consagra nuestra Constitución ni es idea nueva, ni es propiedad de ideología alguna. Podríamos remontarnos a Locke, la Ilustración, la Declaración de Independencia de los EE UU o la Revolución Francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y encontrar multitud de antecedentes. Todos ellos en la órbita del liberalismo más que de cualquier otra ideología. Sin olvidar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que aquella feminista avant la lettre que fue Olympe de Gouges escribió en 1791, antes de caer guillotinada durante "el Terror".

El problema reside en que esa igualdad legal no ha llegado a ser aún igualdad real. Es sabido que las sociedades avanzan a un ritmo diferente al de las leyes que se dan. En consecuencia, este es un desafío de todos que debe combatirse en la vida cotidiana más allá del aspaviento, el insulto, la imposición y el postureo. La sociedad será más igualitaria si todos y cada uno de nosotros actuamos en consecuencia con la igualdad que decimos defender. La obligación de los políticos, y por ende de los gobiernos, es la de crear las condiciones para que los principios legales se hagan realidad. Por eso llama tanto la atención que políticos en ejercicio -de ambos sexos y de todos los partidos- se manifiesten contra una situación que ellos están obligados a evitar y combatir.