TRES años y cinco meses después de la anunciada reforma de la formación para el empleo, el Gobierno da a luz, con carácter urgente, el real decreto ley que pretende ordenar una vez más un desaprovechado modelo de formación para los trabajadores y para la competitividad de las empresas. No es el primer intento. Desde 1996 se han sucedido diferentes reformas de este sistema impulsadas por unos y otros gobiernos: reformas, chapuzas y retocados cosméticos en la mayor parte de los casos. Unas con acuerdo con los agentes sociales, otras sin él y algunas mediopensionistas. Pero, hasta la fecha, todas ineficaces por su incapacidad de asegurar el destino final de los importantes recursos económicos que moviliza y, sobre todo, porque la formación entendida como un proceso de aprendizaje con valor en el desempeño profesional, en el empleo y como contribuidora a la viabilidad de las iniciativas empresariales, siempre ha sido lo menos importante. Ahora, también.

Veintidós años después de su puesta en marcha, ahora se pretende que el nuevo modelo permita consolidar en el sistema productivo una cultura de formación profesional y favorecer la creación de empleo estable y de calidad; algo que suena a discurso hueco, a fuegos de artificio, una vez más. Lo que se persigue, sobre todo, es salir en clave electoral como adalides de la lucha antifraude de los fondos de formación. Poco más.

Lo más relevante de esta reforma quizá sea que, por un lado, se relega a los agentes económicos y sociales a un segundo plano, a un papel poco relevante en la práctica, concediendo todo el protagonismo a la Administración. Por otro, el aumento de las medidas que pretenden impedir el fraude con el aumento de los mecanismos de control, a través de la creación de una unidad especial de inspección en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De la formación, más bien poco. Si acaso el espacio que se abre para la participación de los centros y entidades privadas de formación, la centralidad de las iniciativas de formación de las empresas y la participación de alguna manera de todas las empresas en la financiación de las iniciativas de formación.

Por lo demás, medidas que dependen de su desarrollo reglamentario, como el marco de planificación, ejecución y evaluación permanente, y otras que quedan en el limbo, como el cacareado cheque de formación para los parados o la cuenta de formación para todos los trabajadores. Eso sí, muchas palabras clave: transparencia, calidad, eficiencia, controles, estabilidad, coherencia…

Las organizaciones empresariales y los sindicatos se han quejado bajito. Al fin y al cabo, el trámite parlamentario del Real Decreto ley puede presentar oportunidades para su modificación. Tampoco han levantado la voz las comunidades autónomas, ocupadas quizás en otros afanes, cuando el nuevo modelo propuesto sigue sin resolver su encaje en la gobernanza del sistema, uno de sus problemas endémicos.

El Servicio Público de Empleo Estatal se reserva la parte del león en cuanto a programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo, contando con el apoyo técnico de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (actualmente Fundación Tripartita, antes Forcem), que además realizará funciones de apoyo en el desarrollo estratégico del sistema. Una Fundación ésta que, una vez más, deberá adoptar las medidas necesarias para adaptar su organización a lo establecido en la nueva norma, pero que mantendrá su estructura monolítica con un equipo directivo que permanece prácticamente inalterable desde la noche de los tiempos, gracias a su capacidad para nadar y guardar la ropa.

A la vista de lo anterior cabe preguntarse, una vez más, sobre la importancia que se da a la formación desde la Administración y sus responsables políticos cuando, por ejemplo, no se adoptan medidas concretas y efectivas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para su acceso generalizado a la formación y los trabajadores autónomos siguen quedando prácticamente fuera del sistema.

Por último, convendría detenerse a reflexionar sobre la configuración de estos dispositivos de formación que se han revelado ineficaces para contribuir a mitigar la sangría del desempleo, para la recualificación de esos trabajadores y, sobre todo, por la irrelevancia de la cualificación profesional de los trabajadores a la hora de ser requeridos para ocupar puestos de trabajo cada vez más precarizados.

Por eso, la formación no está ni se la espera, tampoco en esta nueve reforma. Al menos, de momento.