LOS países del Grupo de los 20 (G-20), que se reúnen estos días en Londres para intentar buscar soluciones a la crisis, representan el 85% de la economía mundial y, aproximadamente, otro tanto de la población. Sin embargo, es un grupo suficientemente reducido para poder discutir los temas más relevantes y, eventualmente, coordinarse en una acción colectiva que es la única esperanza para la recuperación del sistema económico.

Si aceptamos que se ha roto la economía, esto significa que hay elementos de la misma que no tienen arreglo, y hay que sustituirlos. La autorregulación, que forma parte de una interpretación histérica del libre mercado, y es un principio que surgió de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, va a tener que dar paso a una mayor responsabilidad social en cuestiones que van desde el ámbito municipal del urbanismo al sistema financiero internacional. Pero, aunque parece claro que la búsqueda del interés individual no necesariamente lleva al bienestar colectivo, tampoco es una alternativa volver a los Estados pesados y burocráticos cuyos excesos provocaron la liberalización que ahora se trata de corregir.

Para arreglar la economía hay que responder a cuestiones nuevas, y entre ellas, qué intensidad es necesaria en la intervención pública, qué alcance internacional deben tener las medidas, qué reequilibrios hay que alcanzar, cómo debe cuidarse a los más débiles, qué parte de responsabilidad es propia o del entorno en que nos movemos, qué nueva regulación hay que introducir para evitar que los problemas vuelvan a repetirse, qué nueva forma de gobierno internacional es necesaria. Estas son las cuestiones que el G-20 tiene que plantearse, aunque ya sabemos que no lo va a hacer en un entorno tranquilo, ya que las consecuencias sociales de la crisis son muy fuertes y el G-20 sufrirá en la calle la conflictividad de los momentos que vivimos.

Centrar la discusión sobre la regulación financiera o los paraísos fiscales no es lo prioritario; es, como dicen en Estados Unidos, poner un candado en la puerta del establo cuando se ha escapado el caballo. Los bancos y el sistema financiero no están hoy en condiciones de cometer excesos ni repetir errores; esta es una cuestión para meditar y resolver con tiempo. Sí es urgente tomar medidas sin preocuparse tanto por sus posibles efectos negativos; como dice Martin Wolf, "no tiene sentido evitar acciones que puedan aliviar ahora los costes de la crisis, con el argumento de que luego tendremos un gran déficit fiscal; no tomar ahora medidas drásticas es como suicidarse para no tener que pensar en la muerte futura". Sin embargo, es necesario mantener vivo el debate sobre a quién benefician las medidas, para que quede memoria, y corregir y compensar cuando la situación recupere la normalidad.

Un reequilibrio internacional resulta vital; por una parte, para reducir las diferencias entre países que exportan y ahorran y otros que consumen y están endeudados. Por otra, los representantes del G-20 deben tener claro que no hay futuro sin un mundo más equilibrado; algunos países se juegan sus ahorros y el empleo, pero otros, los más pobres, la propia alimentación, la salud, y poder sobrevivir. Aunque es un problema distinto, la Unión Europea ha de tener un interés especial porque las frágiles economías de la Europa del Este no se hundan, apoyando sus divisas y proporcionándoles crédito y liquidez.

Los organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, no han tenido directores capaces de convencer a los países miembros de la gravedad de la crisis que se avecinaba, y actuar en consecuencia. Son organizaciones fuertemente burocratizadas, como ocurre con las principales instituciones europeas, a las que vendría bien una buena reorganización, aprovechando las circunstancias de la crisis. El G-20 podría servir como base para un nuevo reparto de poder y responsabilidades, sobre unos criterios nuevos de organización financiera internacional.

Por último, por mucho que insistamos en la coordinación internacional, para lo bueno y lo malo, el movimiento y la acción empiezan siempre en el ámbito local. Las medidas que se tomen van a tener mayor o menor efecto dependiendo de la capacidad de las instituciones para desarrollarlas, y la confianza que los ciudadanos tengan en sus dirigentes. El optimismo y el pesimismo no se dan porque sí, sino que dependen de lo que Robert Shiller llama "el multiplicador de la confianza", que nos lleva más allá de lo que la economía puede lograr por sí sola.