LA Fiscalía Anticorrupción rechazó ayer el emplazamiento que le había hecho el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que le comunicara, en plena recta final de las campañas electorales vasca y gallega, si debía inhibirse en la investigación sobre la trama de corrupción vinculada al PP al encontrarse entre los implicados un senador -tesorero nacional del PP- y un eurodiputado. Si la Fiscalía informase favorablemente, Garzón tendría que remitir las diligencias efectuadas al Tribunal Supremo, dada la condición de aforados de ambos líderes políticos. El Ministerio Público ha recordado que ya informó en dos ocasiones anteriores que las diligencias habrían de pasar a los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana, ya que entonces aparecieron entre los sospechosos diputados de ambas comunidades autónomas. El hecho es que Baltasar Garzón ha hecho caso omiso de estas indicaciones y ha seguido manejando el sumario a su solo criterio, de modo que la instrucción ha ido derivando en un goteo de filtraciones que afectaban a diversos líderes del Partido Popular, sin que éstos pudieran defenderse al no ser formalmente imputados en ningún caso. La obstinación del magistrado ha dejado al PP en una situación de indefensión que deteriora seriamente su imagen y es incompatible con el Estado de Derecho. La instrucción debe pasar de inmediato a los tribunales competentes. Entonces será posible al fin conocer qué imputaciones precisas se vierten sobre los militantes que resulten implicados. Es evidente que en torno al PP se ha gestado una trama dirigida por un grupo de "conseguidores" que valiéndose de su relación con el partido han realizado negocios urbanísticos y se han beneficiado de contrataciones y adjudicaciones oscuras. De hecho, el PP ha ido apartando a algunos cargos públicos de la Comunidad de Madrid que aparecen claramente vinculados a la trama. Una instrucción normalizada permitirá conocer hasta qué punto estamos ante un caso de corrupción en el entorno del PP o planificada en el interior del PP. Mariano Rajoy está emplazado a adoptar las medidas políticas a que hubiere lugar, sin que las maniobras de Garzón le liberen de la asunción de sus responsabilidades como partido.