EL Gobierno de la nación está decidido a impedir a toda costa la subasta de medicamentos genéricos que intenta poner en marcha la Junta de Andalucía. No de otra forma cabe interpretar la noticia, denunciada ayer por la consejera de Salud, María Jesús Montero, de que el Ejecutivo se propone presentar un nuevo recurso contra la medida ante el Tribunal Constitucional, a pesar de la afirmación de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en el sentido de que el Gobierno acataría sin más la sentencia sobre el recurso anterior, que aceptó las posiciones de la comunidad autónoma andaluza al respecto. Recordemos que el primer recurso de inconstitucionalidad contra la subasta de medicamentos andaluza supuso, por ley, la suspensión de la subasta durante cinco meses, pero pasado este plazo el Alto Tribunal consideró, el pasado 17 de diciembre, que no había razón para que continuara suspendida, ya que, aun sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada, el TC estimó que el Ministerio de Sanidad no había justificado que su plan de ahorro del gasto farmacéutico fuese mejor que el de la Junta y que no se produciría, a causa de la subasta, ninguna situación de discriminación. Con el segundo recurso el Gobierno central persigue paralizar nuevamente la subasta, ya que su admisión por el Constitucional conllevaría otra suspensión de cinco meses. La actitud obstruccionista del Ejecutivo queda confirmada por los correos electrónicos que publicamos hoy, en los que un representante de la patronal de los laboratorios subraya que ha pedido al Ministerio que impugne la subasta también por la vía de lo contencioso-administrativo, lo que apunta a una maniobra dilatoria. Hay que destacar que la subasta pretendida por la Junta supondrá un ahorro superior a los 200 millones de euros para las arcas públicas, lo que hace poco razonable el propósito de suspenderla con el argumento de que habrá un procedimiento semejante a nivel nacional, aplicable a todas las autonomías. El caso es que mientras no lo haya se perjudica a los contribuyentes andaluces haciéndoles pagar más en su conjunto por el consumo de estos fármacos genéricos. La consejera de Salud de la Junta ha hablado de un abuso de derecho por parte del Gobierno de la nación. Es una acusación grave, pero el Ejecutivo está obligado a explicarse y, desde luego, a agilizar su propia normativa al respecto, en negociación con las comunidades autónomas, cesando cualquier operación de demora y obstrucción hacia las consejerías de salud que se hayan adelantado en la adopción de estas medidas. La razón es sencilla: la subasta de medicamentos es buena para el sistema sanitario público.